La Fiscalía General del Estado ha remitido este miércoles una comunicación a todos los fiscales para facilitar la aplicación del protocolo diseñado para combatir el discurso de odio en línea y detallar el papel del Ministerio Público a la hora de bloquear con rapidez determinados mensajes en las redes.
En contexto: el protocolo fue suscrito el pasado febrero por la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, las secretarías de Estado de Justicia, Seguridad, Educación, Deporte, Igualdad, Derechos Sociales y Migraciones y el Centro de Estudios Jurídicos, así como por organizaciones de la sociedad civil y prestadores de servicios de alojamiento de datos. Se enmarca en el acuerdo interinstitucional para colaborar en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia suscrito en septiembre de 2018. Esta decisión es tomada tras las últimas agresiones mediáticas al colectivo LGTBI, como la del joven trans en Valencia y la del chico gay en Madrid.
De acuerdo con ese protocolo, la Fiscalía General del Estado asume un papel protagonista en la lucha contra el discurso del odio en red como «punto nacional de contacto», encargándose de trasladar a los operadores las resoluciones judiciales que se dicten para retirar o bloquear en el entorno digital contenidos ilegales.
Según explica, lo hace a través de un «canal preferente», que será gestionado por la Unidad Especializada de Criminalidad Informática, para garantizar así el cumplimiento «ágil y efectivo» de las resoluciones y proteger a las víctimas y personas vulnerables.
En este contexto, la Fiscalía reitera en su comunicado su «compromiso y total implicación» para perseguir, combatir y erradicar los delitos de odio y discriminación, «conductas que atentan gravemente contra los elementos estructurales y vertebradores del orden constitucional, de nuestro sistema de derechos y libertades y de la propia dignidad humana».
