El Tribunal Supremo estudia este martes los recursos presentados por PP y Vox contra la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado después de haber ocupado la cartera de ministra de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Los magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso, junto a su presidente, César Tolosa, se reúnen esta mañana a puerta cerrada para deliberar un asunto «relevante y delicado», en opinión de las fuentes jurídicas consultadas por Efe.
Le proceso de estudio del Supremo llega en un momento en el que Dolores Delgado se encuentra salpicada por el contrato millonario de Baltasar Garzón con PDVSA, una noticia que adelantó en exclusiva THE OBJECTIVE. La empresa PDVSA fichó al despacho de Garzón por 8,8 millones de euros para interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho. Entre las misiones pactadas por Ilocad y PDVSA figuraba la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España», lo cual afecta directamente a la pareja de Garzón, Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado, ya que el bufete madrileño sigue representando a PDVSA en la misma causa.
Los recursos de PP y Vox finalmente no han sido abocados a pleno, como solicitaron nueve magistrados, y las fuentes confían en dejar resuelta la cuestión este mismo martes, de modo que es posible que se conozca el fallo, aunque tampoco descartan que pueda alargarse al miércoles en caso de desacuerdo.
La clave del debate reside en la «apariencia de imparcialidad» de Delgado; es decir, los magistrados analizarán si su paso directo del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General distorsiona, desvirtúa o quebranta dicha imagen de imparcialidad.
No obstante, el Supremo también analizará la legitimidad de PP y Vox para recurrir el nombramiento o el procedimiento en el que el Consejo General del Poder Judicial avaló, por doce votos frente a siete, la designación de Delgado, pero simplemente se limitó a constatar que cumplía con los requisitos que exige la ley, sin hacer referencia a sus «méritos» o «idoneidad», como sí ocurrió con sus antecesores.
La llegada de Delgado a la Fiscalía General fue impugnada por los citados partidos al considerar que no se ajustaba a los criterios de «idoneidad» e «imparcialidad» al haber sido ministra de Justicia con el PSOE y diputada socialista.
