La Iglesia Católica impide el aborto a una niña violada en Bolivia por su abuelo
Europa Press
La defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, ha presentado tres demandas para lograr la interrupción del embarazo de la niña de once años que sufrió abusos sexuales en la ciudad de Yapacaní, cuya familia ha rechazado el aborto y ha obtenido el apoyo de la Iglesia Católica.
En rueda de prensa, Cruz ha señalado que espera que la Justicia boliviana se pronuncie «rápido», ya que se trata de una carrera «contrarreloj» porque la niña está embarazada de 21 semanas. La ley boliviana permite la interrupción del embarazo, en casos de violación, hasta la semana 22 de gestación.
La primera demanda tiene el objetivo de que la Justicia ordene a la Defensoría de la Niñez de Yapacaní que interrumpa el embarazo «alejando cualquier influencia de la madre, familiar o cualquier grupo religioso».
En la segunda demanda, Cruz ha solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado boliviano, por considerar que la vida, salud y dignidad están en peligro, recoge el diario Los Tiempos.
La tercera demanda es una denuncia penal contra el personal médico de la clínica a la que acudió la niña para abortar en un primer momento, los funcionarios de las defensorías de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz y Yapacaní, la Conferencia Episcopal de Santa Cruz y contra la madre de la niña, entre otros, por los delitos de incumplimiento de deberes, desobediencia a acciones de defensa y por trata de personas.
El caso
La niña fue trasladada el martes a un centro de acogida de la Iglesia Católica, donde recibirá atención física y psicológica para continuar con el embarazo, algo que ha levantado la polémica en Bolivia, con partidarios y detractores de la decisión.
En un principio, acudió con su madre a una clínica para practicarse un aborto, pero ambas cambiaron de parecer. La niña está «emocionalmente estable» y ha expresado que quiere al bebé, como también su madre. El agresor es el ‘abuelastro’ de la víctima y se encuentra detenido en una cárcel policial a la espera de un juicio. Podría enfrentar una sentencia de 15 a 10 años de cárcel.
