El Memorial pide ayuda a la Eurocámara para esclarecer los crímenes de ETA sin resolver

El Centro Memorial Víctimas del Terrorismo ha trasladado este miércoles a una delegación del Parlamento Europeo un informe en el que realiza una reflexión sobre el «elevado número» de asesinatos de ETA sin resolver, cifrado en 379, y plantea la necesidad de que haya una investigación actualizada de estos crímenes, que ofrezcan «verdad» a las víctimas, aunque los casos hayan prescrito.

El documento, titulado ‘La Justicia pendiente. Asesinatos de ETA no esclarecidos‘, propone, además, que el Parlamento Europeo aproveche «su autoridad política y moral» para hacer un llamamiento con el objetivo de que aquellas personas que puedan tener información sobre «el destino» de cinco desaparecidos faciliten datos para localizar los cadáveres, aunque sea de forma reservada.

Se trata de Humberto Fouz, Fernando Quiroga y Jorge García Carneiro, que en 1973 cruzaron a territorio francés desde Irún para ver una película y fueron secuestrados y asesinados por miembros de ETA que les confundieron con policías españoles. Los otros dos son Eduardo Bergareche, ‘Pertur’, dirigente de ETA político militar, y José Miguel Echeverría, ‘Naparra’. Se sospecha que podrían haber sido asesinados por ETA, aunque que no se descarta tampoco que fueran víctimas de la extrema derecha.

El director de la Fundación, Florencio Domínguez, ha entregado este informe en Vitoria a una delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha viajado a España por una denuncia  sobre los asesinatos sin resolución. La delegación está presidida por la eurodiputada Agnès Evren (PPE, Francia), e integrada por los eurodiputados Alex Agius Saliba (S&D, Malta), Vlad Gheorghe (Renew, Rumanía) y Kosma Zlotowski (CRE, Polonia). Les acompañarán, además, los eurodiputados españoles Dolors Montserrat (PPE), presidenta de la comisión de Peticiones, Cristina Maestre (S&D), Maite Pagazaurtundúa (Renew) y Jorge Buxadé (CRE).

Un 40% de datos sin resolver

El documento destaca que, en un porcentaje significativo de aproximadamente el 40% de los asesinatos de ETA posteriores a 1977, es decir, ya en democracia, «los autores materiales de los crímenes no han podido ser juzgados o condenados, lo que provoca una falta de justicia con las familias de las víctimas». Además, remarca que las autoridades españolas, tanto políticas, judiciales y policiales, adoptaron diferentes medidas para tratar de esclarecer los casos pendientes a partir del momento en que tuvieron constancia de la situación, después de que en 2010 la Fundación Víctimas del Terrorismo diera «la voz de alarma».

El 70% de los asesinatos no esclarecidos fueron cometidos en la década que transcurre entre 1978 y 1987, los conocidos como «años de plomo», que fue el periodo más activo y con más atentados de ETA. Un 85,8% de esos crímenes tuvieron lugar en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, la mayor parte de ellos dentro de esta década. El Centro Memorial señala que la «situación de terror» provocada por ETA en el País Vasco y Navarra en los primeros años de la democracia es la causa principal de que exista una cantidad tan elevada de crímenes no resueltos en esa época y en esas comunidades autónomas, en las que se impuso «la ley del silencio«.

Ataque a las Fuerzas de Seguridad del Estado

El Memorial Víctimas del Terrorismo recuerda que la organización terrorista desarrolló campañas específicas de ataques dirigidas contra las Fuerzas de Seguridad del Estados, por un lado, y contra sectores de la sociedad acusados de colaborar con los cuerpos policiales, por otro, «para dificultar e impedir el trabajo de investigación». Todo ello se tradujo en que un porcentaje significativo de sus crímenes no pudieran ser resueltos. Además, destaca que la actividad violenta «buscó aislar a los cuerpos de seguridad de los ciudadanos», y que, «mediante ataques sistemáticos, les obligó a dedicar la mayor parte de su esfuerzo y recursos a la autoprotección, en detrimento de la investigación y la prevención».

El informe realiza una comparación de la situación del País Vasco y Navarra con otros territorios donde ha habido «una violencia intensa, sea de índole terrorista o de crimen organizado», y considera que existen importantes similitudes, como en Irlanda del Norte, Córcega o Italia.

Impunidad

«En todos ellos hay un elevado porcentaje de asesinatos que no fueron resueltos por los organismos de seguridad o de justicia. La violencia, en especial cuando es muy intensa y se concentra en un territorio pequeño, condiciona y limita la capacidad de actuar de las instituciones de seguridad y, en consecuencia, provoca un alto nivel de impunidad», añade. Pese a ello, apunta que los índices de impunidad en el caso de ETA, de un 40%, son «notablemente más bajos» que los de Irlanda del Norte (un 88,35%), Córcega (entre un 58% y un 90%, según las épocas) e Italia (un 80%).

El Memorial cree que también hay otros factores que han influido de forma negativa en el esclarecimiento de los asesinatos de ETA, como «desajustes en el funcionamiento de los órganos judiciales», problemas en la adaptación de las FSE al reto del terrorismo en los primeros años de democracia o la omisión de investigación en algunos crímenes de ETA político militar tras su disolución en 1982.

Falta de colaboración internacional

Según manifiesta, también han contribuido la falta de colaboración internacional con las autoridades españolas al dar refugio a terroristas huidos que estaban acusados por los tribunales en España. En este punto, recuerda que existió «un núcleo de dirección estable» de la organización terrorista en Francia y la falta de cooperación del Gobierno de París durante esa época. «Fue una gran ventaja para ETA disponer de los que se llamó ‘el santuario francés», asegura.

Asimismo, señala que la muerte por circunstancias diversas de terroristas acusados de asesinatos que no han podido ser juzgados, o la dificultad para convertir la información de inteligencia o los indicios policiales en pruebas judiciales, han sido otras dificultades que han impedido la resolución de casos.

Justicia y verdad

Asimismo, para dar respuesta a las familias que siguen esperando justicia, propone que, desde la Fiscalía y con la participación de las FSE, se articule un procedimiento de investigación actualizada sobre los casos no esclarecidos, sin entrar a valorar con carácter previo la posible prescripción legal. A su juicio, esta consideración debe hacerse al final de la investigación. También considera que sería aconsejable articular un procedimiento para que las víctimas puedan solicitar información sobre la causa que les concierne y, si procede, que se actualice la investigación.

Con este objetivo, cree que la jurisdicción penal, en estos casos, «debe dejar espacio a la jurisdicción de la verdad y la memoria». Por último, el Centro Memorial ofrece su colaboración para facilitar a las víctimas la información de la que disponga. ETA cometió desde 1959 hasta 2010 más de 3.800 atentados y causó más de 850 víctimas mortales.