Batalla judicial entre los dos grandes sindicatos policiales: investigan la afiliación irregular de agentes en Barcelona

El juzgado de instrucción número 8 de Barcelona continua investigando al Sindicato Unificado de Policía (SUP) por haber inscrito irregularmente a una agente en su organización de Barcelona, valiéndose presuntamente de los datos que le había facilitado en una «preinscripción» cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Policía, en Ávila. Un documento que, en cualquier caso, no autorizaba al SUP a registrar con posterioridad a esta alumna en el sindicato, ya que en el momento en el que lo firmó no podía sindicarse porque estaba formándose como policía. 

La denuncia fue interpuesta por el sindicato JUPOL, el mayoritario dentro del Cuerpo, en octubre de 2020, en la que además de aportar las pruebas de la agente afectada, incluyó 43 escritos de afiliación al Sindicato Unificado de agentes que al parecer también fueron inscritos sin su permiso, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Tras abrir diligencias a finales del 2020, el 28 de octubre el juzgado barcelonés citó a declarar como investigado a Antonio G. J., secretario general y portavoz del SUP en Barcelona, donde se interpuso la denuncia por la supuesta comisión de un delito de estafa en concurso con otro de falsedad documental en el proceso de inscripción sindical de una policía nacional. No obstante, la instrucción sigue abierta y el juez todavía puede llamar a declarar a otros miembros del sindicato en aras de esclarecer quién estuvo detrás de las afiliaciones.

‘Modus operandi’

En la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, JUPOL describe al detalle el modus operandi del Sindicato Unificado de Policía para incorporar agentes irregularmente a sus filas. 

Una vez que los alumnos en prácticas en la Escuela de Policía habían superado el proceso de formación y, consecuentemente habían adquirido la condición de Policía Nacional y la de poder sindicarse, «una serie de miembros del SUP rellenaban las ‘altas de afiliación’ por cuenta propia, sin mediar consentimiento y, ni siquiera, conocimiento por parte de los afectos», reza el escrito. Es decir, que a partir de las preinscripciones y los datos facilitados por los agentes en prácticas, el sindicato formalizaba tiempo después la sindicación de los mismos haciendo uso de la información.  

El procedimiento a seguir por cualquier policía que desee afiliarse a un sindicato policial es rellenar una hoja de afiliación y mandarla al departamento de Habilitación de la Comisaría Provincial. En este caso, debía remitirse a la de Barcelona.

Sin embargo, en el caso de la agente que denuncia JUPOL, fueron «los propios miembros del SUP quienes materialmente rellenaron las altas de afiliación, escaneando las firmas que los compañeros en prácticas habían plasmado en los ‘documentos de preafiliación’», y posteriormente las enviaron a la Comisaría pertinente. 

Sin firmas

Un movimiento que el sindicato podía llevar a cabo porque en el momento de firmar los documentos de preafiliación con los futuros afectados, «no permitían a los alumnos reflejar la fecha de la firma, favoreciendo su posterior escaneo y trasvase al documento de alta sindical». 

Otra de las pruebas que sostienen la conducta delictiva, según JUPOL, es que los datos relativos a su domicilio, ciudad, etc, en el alta de filiación son los que los perjudicados poseían durante su estancia en la Escuela de Policía y «no los reales del lugar al que finalmente fueron destinados». 

De este modo, tras haber completado el SUP todos los pasos de manera unilateral e irregular, el agente se daba cuenta de su inscripción en su primera nómina, cuando le habían descontado previamente la cuota sindical. 

Pese a que la denuncia solo relata el caso de una agente, la perjudicaba asegura que es una de «los numerosos afectados» por los hechos descritos, que ahora trata de esclarecer el juzgado de instrucción número 8 de Barcelona.