Irene Montero se gasta 100.000 euros en saber cuántas prostitutas hay en España
El Ministerio de Igualdad admite su ignorancia en esta materia encargando un informe en el momento en el que ha acelerado la abolición de la prostitución
La ministra de Igualdad, Irene Montero, responde a los medios minutos antes de una manifestación por el Orgullo. | Europa Press
El Gobierno de España avanza decididamente hacia la abolición de la prostitución sin conocer a ciencia exacta la cantidad de personas que se verían afectadas por esta decisión. Así lo ha demostrado el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, que ha encargado la realización de un estudio para la «estimación del número de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, de explotación sexual y en situación de prostitución» en nuestro país. A este irá destinado una importante suma de dinero: 101.887,96 euros.
La Delegación contra la Violencia de Género justifica este gasto porque «los datos y estudios sobre prostitución, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual a nivel nacional e internacional son escasos, y los que hay presentan numerosas limitaciones (generalmente son de tipo cualitativo y/o usan muestras no representativas y sesgadas), lo que se traduce en que coexisten una gran variedad de cifras y datos».
El Ejecutivo admite así su ignorancia en esta materia, a pesar de que lleva tiempo deslizando distintas cifras para justificar la necesidad de combatir lo que, en su opinión, supone una «lacra». La principal: 45.000 mujeres ejercerían la prostitución en España. Pero este dato se extrae del informe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y data de 2012. Se basa en la información policial de los años precedentes y las estimaciones económicas que genera la industria del sexo, y no compara esta cifra con la actividad en otros países.
Otro dato que compone el argumentario monclovita contra la prostitución es el que cifra en un 90-95% el número de mujeres prostituidas que son víctimas de trata o de explotación sexual, pero el Plan integral contra la trata de 2015-2018 reconoce que existen muchas dificultades para la «obtención de datos fiables» puesto que son delitos con «estructuras delictivas complejas» y las víctimas desconfían habitualmente de las autoridades y tienen «gran reticencia a denunciar o colaborar».
Esto es lo que motiva, según el Ministerio del Interior, que apenas haya detenciones de tratantes o proxenetas. El balance estadístico de 2016-20 asegura que hace dos años se detectaron 3.867 personas en situación de riesgo, de las cuales 575 fueron consideradas víctimas y sólo 172 de sus explotadores detenidos.
Las prostitutas piden «libertad»
Pero todos estos datos no sólo estarían desactualizados, sino que serían falsos según el propio sector, que se encuentra revuelto contra el PSOE y Unidas Podemos por lo que consideran un ataque a su «libertad». De hecho, convocadas por la Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución, miles de personas se citaron este pasado lunes frente al Congreso de los Diputados para reprochar a Irene Montero que «si en la ley integral de libertad sexual, el sí es sí, aquí no se tiene en cuenta nuestro sí».
Las trabajadoras sexuales reclaman una cita con la ministra de Igualdad, que se ha negado hasta el momento a recibirlas. La presidenta de la plataforma, Susana Pastor, asegura a THE OBJECTIVE que la solicitud de este informe revela que «no tienen oficialmente informes ni números, como llevo tiempo denunciando». También expresa su frustración porque «la manifestación de trabajadoras sexuales más grande del mundo hasta el momento» no ha hecho ceder a Montero. «Muchas mujeres se quedarán en la calle y parece que a los políticos les da igual», zanja amargamente.
Y es que no cabe olvidar que la norma impulsada por el PSOE ha contado con el apoyo de la mitad de Unidas Podemos (exceptuando los diputados de En Común Podem) y del Partido Popular. Vox, PNV y EH Bildu optaron por la abstención. Tan sólo Esquerra Republicana (ERC), Ciudadanos y la CUP votaron en contra, por cuanto estas formaciones son regulacionistas.
La ley socialista modifica el artículo 187 del Código Penal para «castigar de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación». Esto es, un castigo de prisión de tres a seis años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución. Esta medida no ha generado quejas del gremio.
Pero la polémica estriba en que también se castigará la tercería locativa. Es decir, que se penalizará al que destine de manera habitual y con ánimo de lucro un local para que se practique la prostitución con entre dos y cuatro años de prisión. También se castigará a los puteros. Los clientes o consumidores de sexo pagado serán multados de 12 a 24 meses, una pena que aumentará en caso de que la prostituta sea menor de edad. La trabajadora sexual, no obstante, no podrá ser sancionada en ningún caso.
Desde la Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución sostienen que la ley «parte de dos premisas falsas»: que «no es verdad que entre el 80 y el 90% de las mujeres en situación de prostitución sean víctimas de trata [Médicos del Mundo cifra en un 15% la cantidad de prostitutas que son víctimas de trata en todo el mundo]», y que tampoco lo es que cualquier intercambio sexual de pago sea «trata o proxenetismo». Por eso piden al Gobierno que, «si de verdad tanto interés tiene, nos reciba y juntas creemos una comisión para sacar adelante una ley de derechos», similar a la de Nueva Zelanda. Más de 100.000 familias se juegan su sustento.
