Más de 45 localidades acogen una maratón de firmas para regularizar a 500.000 inmigrantes
Los colectivos promotores son optimistas y creen que alcanzarán las 500.000 firmas necesarias antes del 22 de diciembre
Más de 45 localidades acogen este sábado una maratón de recogida de firmas para apoyar la iniciativa legislativa popular (ILP) que persigue una regularización general y extraordinaria de alrededor de medio millón de inmigrantes y que necesita 500.000 firmas para que esta propuesta se pueda debatir en el Congreso, según informa la agencia Efe.
Madrid, Bilbao, La Coruña, Burgos, Sevilla y Bilbao son algunas de las ciudades que se han sumado a este evento que se celebra coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos e impulsado desde la campaña Esenciales, que echó andar hace un año tras registrar la iniciativa en la Cámara Baja.
Toledo, Zaragoza, Burgos y Murcia, entre otras ciudades, también participan en este maratón que en muchos puntos estará acompañado de marchas, actuaciones, música y otras actividades.
Los colectivos promotores son optimistas y creen que alcanzarán las 500.000 firmas necesarias de personas mayores de edad y con DNI español antes del 22 de diciembre para que su propuesta se pueda debatir en el Congreso, ya que hasta el momento tienen validadas 400.000.
Todas las firmas recogidas a lo largo de este sábado se enviarán de manera urgente a Madrid para poder ser validadas antes de la fecha límite para entregarlas ante la Oficina del Censo Electoral, que se encargará de verificarlas con datos censales, según ha explicado un portavoz de los promotores de la iniciativa a la agencia Efe.
La Oficina del Censo Electoral comunicará a la Junta Electoral Central si se han superado las 500.000 firmas necesarias. Si es así, el Congreso de los Diputados tendrá un plazo de seis meses (que empieza a contar el 22 de diciembre) para llevar a debate la regularización extraordinaria.
En España se calcula que residen de manera irregular entre 475.000 y 514.000 personas, de las que seis de cada diez son mujeres y una tercera parte menores de edad, según las más de 800 organizaciones que llevan un año recogiendo firmas por todo el territorio nacional para tramitar esta iniciativa.
Muchas de esas personas se ven abocadas a la exclusión social porque su situación de irregularidad les condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de servicios públicos como el acceso a la educación, la sanidad y la vivienda, «que solo verán garantizados si se regulariza su situación».
La iniciativa legislativa popular relama una regularización extraordinaria de quienes ya viven y trabajan en España «ante la lentitud de los procedimientos ordinarios».