33.000 personas con derecho a recibir la ayuda a la dependencia aún no la han cobrado
El 36,30% de los beneficiarios llevan más de seis meses esperando a recibir esta retribución. El 79% de los retrasos se están produciendo sin motivo alguno
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. | EP
Más de 33.000 personas (33.353) con algún tipo de ayuda a la dependencia concedida se encuentran a la espera de recibirla. Son personas con resolución del Programa de Atención Individual o PIA pero que, sin embargo, aún no han recibido ningún tipo de prestación. Así se desprende del documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, facilitado por el Portal de Transparencia con datos proporcionados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023, que evalúa la situación a 30 de junio de 2022.
El PIA es el último paso burocrático antes de recibir cualquier ayuda a la dependencia. En él, tras evaluar el grado de dependencia del beneficiario y sus circunstancias sociales y económicas, determinan qué prestación es la más adecuada. Por lo que una vez resuelto, no hay motivo de demora en recibir la ayuda, aclaran las fuentes consultadas.
Sin embargo, más de 33.000 personas con la ayuda aprobada aún no la han recibido. En este sentido, el departamento de Ione Belarra no aclara a qué se debe esa demora, solo señala que el 20,18% de estos casos de espera (6.731) se deben a motivos «no imputables a la Administración». Por lo tanto, el 79,82% de ellos (26.622) se están produciendo sin motivo alguno. De estos últimos, según el documento facilitado, el 43,52% lleva menos de seis meses esperando la ayuda, y el 36,30% más de medio año aguardando a que esta sea efectiva –incumpliendo la normativo estatal de dependencia–.
En cuanto a las ayudas a la dependencia rechazadas, el Ministerio de Derechos Sociales asegura a este periódico que «no existe causa posible de rechazo una vez que la persona es titular de derecho». Es decir, toda aquella persona reconocida con algún grado de dependencia tiene derecho a recibir algún tipo de prestación ya que se trata de un derecho «subjetivo», según el artículo 1.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.
No obstante, en junio de 2022 –últimos datos disponibles–, se realizaron 16.449 bajas del PIA. Los motivos facilitados han sido los siguientes: 13.598 por fallecimiento, 282 por traslado, 1.158 por fin de prestación, 314 por renuncia, 461 por caducidad, 153 sin grado y 483 por otros motivos.
Casi 200.000 personas en el limbo de la dependencia
Por otro lado, el documento refleja que 195.209 personas con derecho a prestación aún se encuentran a la espera de la resolución del PIA, es decir, casi 200.000 personas se encuentran en el denominado limbo de la dependencia. Una cifra que supera en 25.000 solicitantes el límite planteado por el Ejecutivo, que al inicio de esta legislatura prometía reducir el número de personas dependientes en esta lista a 170.000.
«A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención», señala la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que en repetidas ocasiones ha denunciado el «fracaso» de un plan de choque que se «ahoga» entre tanta burocracia y que ha sido reforzado con 600 millones suplementarios en los Presupuestos para 2023.
Y es que el proceso para solicitar las ayudas a la dependencia se realiza por fases. En primer lugar, se deberá solicitar el reconocimiento como dependientes a través de la página web del Imserso, quien, tras recibir la petición, realizará una valoración del solicitantes. Después, el Programa Individual de Atención (PIA) determinará «los servicios y prestaciones que corresponden al solicitante en atención a su grado de dependencia».
La mayoría de CCAA incumple con los tiempos establecidos
La ley, aprobada hace 16 años, en diciembre de 2006, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, recoge en su disposición final primera que «el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones».
Esta es una quimera en la mayoría de las comunidades autónomas. Y es que, como ya contamos en THE OBJECTIVE, en 15 de las 17 regiones, más la ciudad autónoma de Melilla, incumplen sistemáticamente con la ley al tardar más de seis meses en resolver una resolución de prestación. Solo cumplieron Castilla y León (125), País Vasco (133) y Ceuta (51). En el resto de las regiones –aunque con diferencias considerables–, los valores superan el año de espera.
Llama la atención los más de mil días, esto es, más de tres años, que los canarios tienen que esperar para recibir una de estas prestaciones. Un dato que ha ido aumentando progresivamente en los últimos años: 2021 (943), 2020 (953), 2019 (828). En más de un año se encuentran Andalucía (580 días) y Murcia (500). De media, se tarda 12 meses a nivel nacional en resolver cada petición (360 días).
