PSOE y Podemos utilizan los casos de abusos para cargar contra la escuela concertada
La iniciativa quiere modificar el Estatuto de los Trabajadores y el del Empleado Público para endurecer las medidas por agresión sexual a menores
Alumnos atienden desde su ordenador clases en una escuela concertada. | Europa Press
Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos han pedido que «la opacidad» o falta de colaboración de los centros concertados ante abusos sexuales sean tenidos en cuenta por la Administración a la hora de establecer los convenios por los que reciben fondos públicos. Es una de las siete enmiendas que han presentado conjuntamente las dos fuerzas políticas a la proposición de ley de prevención de los abusos sexuales en los centros educativos, de Esquerra Republicana, cuyo plazo de enmiendas acaba de expirar en la Cámara baja y cuya toma en consideración recibió el aval de la mayoría del hemiciclo en 2021.
La iniciativa quiere modificar el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público para endurecer las medidas por agresión sexual a menores en centros, entre ellas introducir una nueva causa de extinción del contrato de trabajo para los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
En caso de sentencia firme, ERC propone también que el empresario pueda pedir el abono del salario que habría recibido el trabajador exonerado de prestación de servicios «por no haberse podido aplicar ninguna medida de movilidad». Sobre esto último, Unidas Podemos y PSOE quieren que el empresario no pueda reclamar dicho salario si no colabora con la investigación, no comunica la denuncia a las autoridades o no inicia investigaciones internas en su centro.
En el marco de la última reforma educativa (Ley Celaá), los dos socios de coalición sugieren que las administraciones incorporen a su régimen de conciertos los procedimientos correspondientes en los casos en que los concertados no colaboren con la investigación, practiquen la opacidad contra el esclarecimiento de los hechos o no apliquen los protocolos aprobados sobre abusos.
Por otro lado, el Partido Popular pide ampliar el plazo para denunciar los abusos a menores, de modo que la prescripción comience a contar cuando la víctima tenga 35 años, en lugar de los 30 del texto de Esquerra. Ello va en la línea con la Ley de Protección a la Infancia (Ley Rhodes), aprobada en 2021, que eleva de 18 a 35 años dicho plazo. El principal partido de la oposición solicita además que, a la entrada en vigor de la nueva ley, el Gobierno se comprometa a elaborar protocolos de protección a las víctimas y detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos.
Ciudadanos también recoge en sus enmiendas la propuesta de elevar la prescripción del delito hasta los 35 años de la víctima menor, así como garantizar la movilidad funcional del trabajador investigado para que no coincida en tiempo y espacio con el menor de edad. Grupos parlamentarios como el PNV, EH Bildu y PdeCat no han presentado enmiendas en este trámite.
