La Iglesia creará una Comisión de arbitraje para estudiar los abusos que hayan prescrito
Así lo ha anunciado este jueves el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán
Florencio Roselló, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. | Catedral de Pamplona
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aprobado la creación de una Comisión de arbitraje, prevista en el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de abusos en la Iglesia, para estudiar las denuncias presentadas en las oficinas de las diócesis que no tengan recorrido en el ámbito judicial, bien porque hayan prescrito o porque el victimario haya fallecido.
Así lo ha anunciado este jueves el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, que se ha celebrado esta semana y durante la que los obispos han estudiado el Plan de reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia.
En este contexto, la Comisión de arbitraje, cuya composición se determinará en la Asamblea Plenaria de marzo, tendrá ámbito nacional y estará formada por distintos perfiles entre los que habrá «reconocidos expertos y con pluralidad de procedencias», desde el ámbito jurídico, civil y canónico, a médicos y psicólogos, según ha detallado García Magán.
Esta Comisión estudiará las denuncias presentadas en las Oficinas de Protección al Menor de las distintas diócesis que por diversos motivos no tengan recorrido judicial, bien porque el agresor haya fallecido, o porque el delito haya prescrito. «En los casos que tienen recorrido judicial, estamos a lo que digan las sentencias», ha añadido el secretario general de la CEE.
García Magán ha avanzado que se creará también una Comisión de expertos que haga el trabajo de baremación para los casos en los que se reclame una reparación económica.
Será en la Plenaria de marzo cuando está previsto que se apruebe este Plan de Reparación y posteriormente se harán efectivas las reparaciones económicas a partir del estudio que, caso por caso, haga la Comisión de Arbitraje según los vayan presentado las comisiones diocesanas. En este sentido, García Magán ha recordado que en primer lugar la reparación económica corresponde al agresor y en segundo lugar subsidiariamente tiene la responsabilidad la entidad eclesial a la que pertenezca; es decir su diócesis o instituto de vida consagrada.
Sin embargo, el portavoz de los obispos ha advertido de que reducir la cuestión de la reparación sólo a lo económico es «una mercantilización de las víctimas», cuando muchas de ellas lo que quieren es tener un encuentro con el obispo y sanar sus heridas de otra manera.
Los prelados han tenido también la oportunidad de analizar el último informe actualizado de «Para dar Luz», sobre abusos, después de integrar las aportaciones y recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo y de la auditoría elaborada, a petición de la CEE, por el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo.
El coste total que esta auditoría ha supuesto para la Iglesia es de 1.225.000 euros, según ha informado García Magán, que ha reconocido que «no ha sido barata», si bien ha defendido el encargo realizado por la CEE con el objetivo de «buscar la verdad» tal y como se merecen las víctimas. «El encargo fue acordado por los obispos, ratificado en la Plenaria y luego ha habido circunstancias y retrasos, pero no le quitamos el interés del trabajo que se ha realizado con profundidad y profesionalidad», ha señalado.
