El colapso en Canarias provoca el horror en los centros de menores: basura, insectos…
El Gobierno autonómico urge que el reparto obligatorio de los jóvenes migrantes entre regiones sea efectivo cuanto antes
Las condiciones insalubres de un centro de acogida en Lanzarote. | TO
El desbordamiento en el sistema de acogida de menores migrantes que está padeciendo el Gobierno de Canarias comienza a mostrar su peor cara. La improvisación del Ejecutivo de Fernando Clavijo ante la falta de instalaciones en las que alojar a 6.000 los jóvenes que han llegado en cayuco hasta las islas en los últimos meses ha llevado a las autoridades a buscar soluciones imposibles. Una de ellas es la Casa del Mar, en la isla de Lanzarote, un centro donde medio centenar de menores vive en condiciones de total insalubridad, según han denunciado en un informe dos abogadas de la red ciudadana de solidaridad con las personas migrantes.
El dosier contiene testimonios, escritos e imágenes, todas ellas remitidas a la Fiscalía y a El Defensor del Pueblo, que ponen de manifiesto las ínfimas condiciones en las que están los menores tutelados por el Gobierno de Canarias. «Se encuentran en pésimo estado sin reunir las mínimas condiciones de habitabilidad», resumen las dos letradas sobre el centro, que se abrió en octubre. Las instalaciones fueron inspeccionadas por el Ministerio Público en mayo, tras lo que se dictaminó el cierre inminente del centro en los siguientes 15 días. Hoy, sin embargo, los menores siguen allí, entre insectos y basura.
La mayoría de espacios están sucios y descuidados, al igual que el mobiliario con cables sueltos por todas partes, paredes descorchadas y sofás rotos. Las 20 habitaciones donde duermen los menores guardan una apariencia similar con «un pésimo estado», advierte el informe. En la cocina, la escena es aún peor. Al estar en desuso habida cuenta de que la comida la sirve un catering contratado por la fundación tiene todas las instalaciones extremadamente sucias. En los fregaderos se advierten todo tipo de bichos: hormigas e incluso cucarachas, según denuncian. Del mismo modo, los baños no cuentan con ningún tipo de mantenimiento ni limpieza.
Sin sábanas ni ropa limpia
Ningún espacio en el centro, resumen las letradas, es apto para su uso, y mucho menos para las menores. La lavadora no funciona, no hay sábanas, la ropa no se limpia… En definitiva, una situación de auténtico de terror para estos jóvenes. Fuentes policiales advierten de que esta es la tesitura en la que, probablemente, se encuentran muchos otros centros. «Son soluciones de urgencia que se habilitan porque están desbordados. Se trata de un edificio que no estaba planificado para ser un albergue. La mitad estaba cerrado, lo habilitan deprisa y corriendo y estas son las condiciones en las que queda», critica.
Estas mismas fuentes advierten de que si el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, está diciendo desde hace meses «que no hay recursos, asistencias para atender a todos los menores, es porque no las hay». Y por este motivo, «urge que el reparto de menores obligatorio entre las comunidades autónomas sea efectivo cuanto antes». Actualmente, Canarias tutela a 6.000 menores en 80 centros. Una situación «de total desbordamiento», calificó el líder del Ejecutivo autonómico. Todo ello, teniendo en cuenta que en las islas no capitalinas —todas excepto Tenerife y Gran Canaria— no hay recursos, asistencias.
Sistema de reparto
Los gobiernos central y canario acordaron hace poco más de un mes un acuerdo por el que se derivarían 2.500 de esos 6.000 menores no acompañados que permanecen en el archipiélago, Ceuta y Melilla, al resto de comunidades autónomas. No obstante, la medida más importante es el sistema obligatorio de reparto entre regiones con los menores cuando vean sobrepasada su capacidad de acogida en un 150%. Para ello, el Ejecutivo tiene prevista, en principio, una partida de 125 millones, aunque no ha vuelto a aclarar esta cifra.
La distribución se decidirá basándose en un modelo que tendrá en cuenta la población, la renta, la tasa de paro, la dispersión territorial y el esfuerzo que esa comunidad ya realiza para la atención de menores migrantes. Un sistema al que se han opuesto la mayoría de regiones, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. La más ‘perjudicada’ por este sistema sería La Rioja, a donde irían a parar la mayoría de menores extranjeros no acompañados, porque apenas acoge a una docena en la actualidad. Cabe destacar que este sistema de reparto también tiene en cuenta los recursos de que dispone cada comunidad.
¿Cuándo se aprueba?
El problema está en que ese cambio requiere una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, para lo cual es necesario el apoyo de los grupos parlamentarios. El ministro de Policía Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, han estado esta semana sondeando a los partidos de cara a votar esta modificación. Pero, por ahora, no hay fumata blanca. La previsión es que se apruebe mediante una proposición de ley, pero ambos ejecutivos se han encontrado con obstáculos, principalmente en el Partido Popular.
Desde la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo no se oponen a la reforma de ley para que las regiones acojan a menores migrantes cuando un territorio se vea sobrepasado por las llegadas. De hecho, el PP ha dicho que no influirá en los barones de cara a la votación de la norma. No obstante, piden conocer antes el contenido de la proposición de ley, financiación para las comunidades que acojan menores, que el pacto sea consensuado con todas las autonomías, así como implicación de la UE habida cuenta de que España es la frontera sur, y que no excluya a ninguna región, tal como pidió Junts para Cataluña.
El siguiente paso será la celebración de una Conferencia Sectorial de Menores e Infancia en la que estarán presentes todas las autonomías y que está prevista para esta semana. De esta reunión entre las comunidades saldrá el texto final del acuerdo, que será enviado de nuevo a las formaciones políticas para aprobarse en el Parlamento, bien a través de una propuesta de ley de lectura única y urgente o de un decreto ley, como pide Canarias, por ser un trámite más rápido.
