Alberto Cuesta (Serviokupas): «La policía no trabaja como debería por miedo al Gobierno»
Cuesta manifiesta a THE OBJECTIVE los problemas existentes en la legislación de la vivienda
Alberto Cuesta, Serviokupas. | Serviokupas
Saltaba la noticia hace unos días cuando, en el madrileño barrio de El Cañaveral, perteneciente al distrito de Vicálvaro, unos okupas asaltaban y se afincaban en unos edificios de nueva construcción. 12 viviendas de un edificio dedicado al alquiler fueron ocupadas de manera ilegal. Se trata de viviendas de nueva construcción, como lo son todas las de la zona, que reúnen las últimas comodidades. Los nuevos ‘inquilinos’ habían cambiado la cerradura de los inmuebles, motivo por el que los vecinos de la zona y propietarios de los pisos salieron a la calle a protestar por la situación, exigiendo un desalojo inmediato y explicaciones por parte de las autoridades.
En un principio, en este edificio se usaban tarjetas para entrar, pero los okupas habrían cambiado los lectores por cerraduras convencionales para llaves metálicas. El resto de vecinos de las urbanizaciones aledañas temían que este fenómeno se extiendiera a sus viviendas, y reclamaron protección en un entorno que cuenta con cerca de 40 promociones en fase de construcción o comercialización. Esta zona de Madrid, de nueva construcción, no deja de revalorizarse. El precio de las viviendas allí ha aumentado de entre un 4 y 9% en los primeros seis meses de 2024, según varias agencias consultadas por THE OBJECTIVE. Acumula una revalorización del 150% en los últimos años.
Ante la falta de explicaciones y de actuación policial, el dueño de la propiedad se puso en contacto con la empresa Serviokupas, liderada por Alberto Cuesta, con el objetivo de poner fin a esta situación. Este medio ha podido contactar con él, para aclarar cómo se realizó el proceso, y cómo se logró desalojar a los okupas de estas nuevas viviendas.
«Estas personas son conocedoras en todo momento de la situación y lo único que han intentado es aprovecharse de una situación legislada de forma errónea e incompleta»
Pregunta: ¿Cómo contactaron con ustedes?
Respuesta: A mí me llama el propietario de la casa.
P: ¿Cuáles son los motivos por los que en estos casos la policía no actúa y los propietarios tienen que recurrir a vuestros servicios?
R: Pues desconozco. Desconozco el porqué la policía no ha actuado, ya que debería de haberlo hecho al término legal.
P: ¿Qué métodos emplean para resolver estas situaciones adecuadamente y que el cliente quede satisfecho?
R: Intermediación de la posesión del inmueble de forma voluntaria.
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P: ¿Han negociado ustedes en términos económicos con los okupas?
R: En ninguno de los casos. Nosotros lo único que hemos hecho es ayudar al transporte para trasladar sus enseres personales a otro inmueble.
P: ¿Podría contar, en orden cronológico, cómo se produjo el desalojo total de los okupas de El Cañaveral?
R: Comenzamos las labores de intermediación para recuperación de la vivienda el lunes a las 12 de la mañana. Al cabo del mismo día recuperamos ocho inmuebles. El martes se recuperaron otros dos y el miércoles a mediodía se ha finalizado con las restantes. Así, hemos resuelto el conflicto con todas las entregas de posesión voluntaria para entregar las viviendas a su propiedad.
«Hemos visto la organización por parte de un grupo criminal que aprovecha la inefectividad de las leyes de vivienda»
P: ¿En qué se escudan los okupas durante todo este proceso?
R: Ellos manifiestan que les han estafado, cosa que no me creo. Porque la persona que hace un pago único a otra sin ningún tipo de documentación legal, debe informarse previamente de quién es el titular de la vivienda. Esto se refiere a términos de legitimidad sobre el inmueble. Yo voy a arrendar una vivienda y, para empezar, el pago lo tengo que hacer mediante transferencia. Y lo segundo, verifico que esa persona es la titular del inmueble, para que no haya problemas. Cabe pensar que estas personas son conocedoras en todo momento de la situación y lo único que han intentado es aprovecharse de una situación legislada de forma errónea e incompleta. El problema es que se les ha revuelto, pues la vivienda la ha recuperado una empresa privada y no esa misma legislación. Por ello, el proceso, en vez de alargarse hasta un año, tan solo ha llevado una semana.
P: ¿Por qué este tipo de situaciones son cada vez más habituales en España?
R: El problema de estos casos es la falta de vivienda y la lentitud judicial para resolver, tanto ocupaciones ilegales, como inquilinos morosos. Cuando una propiedad se pega un año y medio en un procedimiento judicial para poder recuperar un inmueble que es suyo, bien sea porque no le paguen, o porque alguien le haya invadido a la fuerza, lógicamente supone un grave problema. Este tipo de perfiles cierra las viviendas, las aseguran y no las alquilan, porque ante esta compleja situación que vivimos, ven preferible esto antes que alquilarla y que se pueda crear un problema.
P: ¿Cómo se explica que unas viviendas nuevas como las de El Cañaveral hayan sido tan frágiles ante la ocupación ilegal?
R: Nosotros hemos visto la organización por parte de un grupo criminal que aprovecha la inefectividad de las leyes de vivienda. A día de hoy, una usurpación sobre un inmueble está recogida en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como un «delito leve». La sanción equivale, más o menos, a unos 800 euros de multa. Por lo cual, si estos individuos están un año hasta que les saca un juez de la vivienda, solo pagan esa multa, ahorrándose una media de 6.000 euros que llevaría un alquiler. Este tipo de bandas criminales hace aperturas en casas como las de El Cañaveral, y posteriormente vender las llaves. Así de fácil.
P: ¿Qué puede hacer la Justicia ante esto?
R: La Justicia no funciona ahora mismo. La policía está totalmente atada de pies y manos. Los agentes no se atreven a dar un paso adelante para sacar a los okupas por miedo a una sanción. Esa es la realidad. Es una vergüenza.
«Las empresas de desocupación están en auge por el fracaso de las diferentes competencias policiales españolas, puesto que las mismas no efectúan sus labores como corresponde por miedo al Gobierno»
R: Lo sucedido en El Cañaveral es que se presentaron 60 antidisturbios al día siguiente de la denuncia para sacar a los okupas, y sus propios jefes no les dieron paso para realizar sus acciones por miedo, puesto que están bajo los mandos del Gobierno. Tenemos cada día más ocupación porque la policía no realiza correctamente sus labores por miedo a ser expedientados. Lo dice muy claro el Art. 245.2 del Código Penal, delito tipificado de usurpación. Un domicilio es inviolable. La policía, en esos casos, debe detener y entregar el domicilio al propietario. No cabe el derecho de morada a personas ajenas a esos inmuebles.
