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Castilla-La Mancha abre consulta sobre el registro de sanitarios objetores del aborto

La Secretaría General de Sanidad facilita alegaciones ciudadanas para que puedan presentar observaciones

Castilla-La Mancha abre consulta sobre el registro de sanitarios objetores del aborto

Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.

La Secretaría General de la Consejería de Sanidad ha inaugurado un periodo de información pública respecto al proyecto de decreto que regulará el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en Castilla-La Mancha. Este registro afecta directamente a los profesionales implicados en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Desde este martes, se abre un plazo de veinte días durante los cuales se podrán presentar aportaciones y observaciones al proyecto.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha divulgó, este lunes, una resolución de Sanidad donde se expone la necesidad de este periodo de información pública. El objetivo es enriquecer el contenido del proyecto con las contribuciones que la ciudadanía estime pertinentes. Dicha iniciativa busca recoger diversas perspectivas que ayuden a perfilar mejor este decreto.

El proyecto se encuentra disponible para consulta en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los interesados pueden acceder a través de la sede electrónica en la dirección http://www.jccm.es. Aquí, cualquier ciudadano puede revisar el documento y formular las observaciones que considere necesarias para mejorar el texto propuesto.

Las personas que deseen participar en este proceso de consulta pública deberán enviar sus alegaciones a la Secretaría General de la Consejería de Sanidad, localizada en la avenida de Francia, número 4, en Toledo. Además, es posible presentar las alegaciones en cualquiera de los registros y oficinas que se especifican en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. También se aceptarán contribuciones enviadas al correo electrónico [email protected].

Este proceso de información pública representa una oportunidad para que los ciudadanos influyan en la legislación que afecta directamente a los servicios sanitarios de la región. Con la colaboración de todos, se espera alcanzar un consenso que refleje el compromiso de la sociedad con los principios éticos y profesionales del ámbito sanitario.

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