Una mujer que tiene su casa 'okupada' se ve obligada a pedir limosna en Portugalete
Amaya, víctima de ‘inquiokupación’, solicita dinero junto al Ayuntamiento para poder llegar a fin de mes
«Cobro del paro 907 euros para que mi inquiokupa (trabajando) y su hija (en la universidad) vivan a costa de lo que mis tres niñas necesitan y yo no se lo puedo dar». Es el cartel con el que Amaya se planta todos los días en el Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya) clamando por una justicia que lleva buscando desde noviembre de 2023, cuando la mujer cubana de 44 años a la que alquiló su piso dejó de pagar la mensualidad sin previo aviso.
Es decir, pasó a ser una inquiokupa. Desde entonces, todo el dinero que cobra del paro va destinado en exclusiva a la hipoteca del piso y al abogado. «No me queda nada», lamenta Amaya en conversación con THE OBJECTIVE. La mujer vive con su madre, gravemente enferma, que fue quien hace 19 años pagó el piso con los ahorros que había conseguido tras toda una vida como trabajadora de la limpieza. Vive pendiente de un juicio que no llega, ya que se ha pospuesto en varias ocasiones.
Su inquiokupa ha conseguido paralizar el desahucio dos veces alegando que tenía una intervención quirúrgica. Amaya teme ahora que pueda lograrlo una tercera aferrándose al polémico decreto antidesahucios del Gobierno, en teoría dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. «Ella está ahora trabajando, y yo llevo así casi un año en esta situación y ya no puedo más», denuncia.
Ayuntamiento de Portugalete
Desesperada, y sin haber conseguido ser escuchada por las autoridades municipales, ha decidido acudir a la puerta del consistorio portugalujo. Este mismo lunes, cuenta, se encontró con la alcaldesa socialista, María José Blanco Gavieiro, que se detuvo con curiosidad a leer el letrero. «Tuvo buenas palabras y me dijo que iba a mandar a los Servicios Sociales a hablar conmigo, pero he estado toda la mañana y no ha venido nadie», se queja amargamente a este medio.
Amaya, que no tiene estudios universitarios y ha trabajado desde joven en la hostelería, tiene también hijas (de cinco y seis años, respectivamente) y se encuentra en una situación más vulnerable económicamente que su inquiokupa. «Entró el 15 de diciembre de 2022, y desde el primer día tardaba pagarme. Los últimos cuatro meses tuvo que hacerlo su empleador. Ella sabía que soy mileurista, que vivo al día y necesito el dinero para pagar la hipoteca. La ofrecí el piso a 650 euros cuando está tasado en 800/900. No haya derecho», denuncia.
Afectados por la Ocupación
«Estoy manteniendo a dos mujeres, una de mi edad y otra que está estudiando en la universidad, cuando yo no pude estudiar y tuve que trabajar desde niña; tengo la obligación de mantener a dos personas que no conozco, pero no el derecho a mantener a mis hijas», resume la última afectada por la inquiokupación que ha tenido que recurrir a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que denuncia cómo el fenómeno sigue creciendo ante la pasividad del Gobierno de España.
Esta plataforma asesora a más de 6.000 afectados por la okupación y la inquiokupación (estiman que habría 80.000 en todo el territorio nacional). Entre ellos hay casos tan escandalosos como el de Amaya o el de Anabel, una mujer de 62 años que compró una vivienda en Pamplona en 2018 con la esperanza de prejubilarse y disfrutar con su marido, pero ahora trabaja como enfermera en dos lugares a la vez para llegar a fin de mes por culpa de dos inquiokupas africanos.
Gobierno de España
«La culpa no se la echo a esta chica, allá cada uno con su conciencia, sino a los que legislan», dice Amaya, que se define como «una mujer trabajadora, honrada y obrera que ha pagado siempre sus impuestos», y ahora se lo «pagan así». «Voy a perder todo por lo que llevo luchando 19 años porque sólo quiero quitarme esta lacra de encima», abunda, ya que «tendré que vender el piso por dos perras y a ver si vivo tranquila porque a este paso voy a caer enferma».
Este domingo miembros del Gobierno de España, el mismo que sigue prorrogando el decreto antidesahucios que perpetúa esta injusticia, se manifestaban en Madrid por el «derecho a la vivienda», con consignas contra los propietarios y los especuladores. «Todos tenemos derecho a una vivienda, pero yo no me estoy lucrando, admitía cobrar menos de lo que podría haber cobrado y cuando me ha sucedido esto nadie me ha atendido», lamenta.
