Las autoescuelas exigen un nuevo modelo de pruebas que solucione la falta de examinadores
El presidente de la CNAE quiere contar con 1.250 profesionales y considera que los 900 actuales son «insuficientes»
El presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), Enrique Lorca, ha destacado la urgente necesidad de reformar el sistema de exámenes de conducción en España. Durante la 53 Convención Internacional de Autoescuelas en Ávila este viernes, ha subrayado que es imperativo desarrollar un sistema en el que «todos» se sientan «a gusto» y que sea capaz de responder a la alta demanda actual de licencias de conducción.
A pesar de que España cuenta con aproximadamente 900 examinadores, un número que el Ministerio considera el más alto en los últimos años, Lorca recalca que esta cifra es insuficiente comparada con etapas anteriores. Hace años, un examinador podía realizar hasta 16 pruebas diarias, cifra que ha disminuido a 12 y en ocasiones a 11 durante el verano. Para alcanzar un nivel óptimo, sería necesario contar con 1.250 examinadores.
La situación actual muestra que las cifras de examinadores son «totalmente insuficientes», ha afirmado Lorca. Aunque reconoce el esfuerzo de la Dirección General de Tráfico (DGT) por mejorar la situación mediante la incorporación de interinos y la autorización de horas extra, estas medidas son vistas como soluciones temporales a un problema más profundo. Existe una necesidad de crear un nuevo sistema que asegure un servicio óptimo y eficaz en todas las provincias del país.
La demanda de licencias de conducción no solo es una cuestión de movilidad personal, sino que también afecta al acceso a empleo y a la participación en oposiciones. «El alumno paga una tasa para recibir un servicio que no es el adecuado» en muchas áreas de España, criticó Lorca. Esta situación genera una presión considerable sobre los ciudadanos que necesitan su permiso de conducción.
En comparación, Lorca ha mencionado a Portugal como un ejemplo a seguir. En el país vecino se ha implementado un sistema de concertación que incluye a entidades «supervisadas, acreditadas y controladas» que operan paralelamente al sistema público, mejorando así la capacidad de respuesta ante la demanda de exámenes.