Los bomberos de Gran Canaria recuperan su jornada laboral después de 13 años de litigio
Han sido necesarias cinco sentencias, dos en el 2019, dos en el 2021 y una última en el 2024, del Tribunal Supremo

Camión de los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria (CECG). | CECG
El pasado lunes 3 de marzo de 2025, mediante la Resolución 17/2025, se restituyó oficialmente la jornada laboral de los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, desde que el 31 de julio de 2012, casi 13 años más tarde, fuera modificada de manera ilegal al aplicar indebidamente una norma que no afectaba a dichos funcionarios.
La falta estructural de personal del Consorcio, dicha administración quiso suplirla, no creando nuevas plazas, sino aumentando las horas de trabajo a todos los bomberos. Nada menos, que hasta 400 horas más anualmente, debieron trabajar estos funcionarios de manera obligatoria, desde el 31 de julio de 2012 hasta la actualidad, y todo ello sin retribuirles un solo euro.
Cinco sentencias del Tribunal Supremo, dos en el año 2019, dos en el año 2021 y una última en el año 2024, han sido necesarias para que el Cabildo Insular de Gran Canaria, administración dominante del Consorcio, devolviese al punto de partida la jornada de los bomberos, la cual nunca debió modificarse en 2012.
La Disposición adicional 71ª de la Ley de Presupuestos del año 2012, por una cuestión de crisis económica y ahorro del gasto, obligó a todos los empleados públicos a cumplir una jornada de 37,5 horas semanales, de tal modo, que todas aquellas jornadas
inferiores a ese cómputo semanal, como la del propio Cabildo de Gran canaria, que en ese momento era de 35 horas semanales, estaban obligadas a acomodarse a ese límite horario de 37,5 horas semanales, y sin ningún aumento retributivo.
Así las cosas, el Consorcio modificó la jornada de los bomberos en 2012, utilizando la engañifa, de que su cómputo anual no se correspondía con 1.642 horas anuales, que era el establecido para la jornada general anual de 37,5 horas semanales. Pero es que
la jornada de los bomberos del Consorcio era una jornada especial a turnos de 37,5 horas semanales y no una jornada general, por ese motivo, su jornada anual era de 1.368 horas anuales, debido a que tenían pactadas en su Acuerdo de Condiciones de
Trabajo, unas compensaciones en tiempo de descanso sobre esas 1.642 horas anuales, con motivo de turnicidad, festividad o relevo de guardias, en la que se enmarca y desarrolla su jornada laboral. Cuestión que así determinan las cinco Sentencias del
tribunal Supremo.
A pesar de lo anterior, en el año 2018, la Disposición adicional 71ª fue derogada, y aún así de manera inconcebible, el Consorcio ejecutó en 2021 la tercera y cuarta Sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto, volviendo a imponerles una jornada de 1.642 horas anuales aplicando dicha disposición ya derogada. Esta acción, la de aplicarles una disposición que no afecta a este colectivo y que además estaba derogada, ha supuesto la denuncia de los bomberos al Presidente del Consorcio, Pedro Justo Brito y al Gerente de dicha entidad, Emilio Duch , por los delitos de prevaricación administrativa, que se está instruyendo desde hace más de dos años, en el juzgado Nº5 de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria.
Todo lo anterior, ha supuesto un desgaste físico y psicológico enorme en el colectivo de bomberos, ya que ha sido más de una década de lucha que les ha pasado una factura muy importante para su salud. Más de 700.000 euros en gastos jurídicos han sido necesarios para combatir este abuso contra los derechos de los trabajadores, y perpetrado por el Cabildo de Gran Canaria, que a pesar de lo anterior, ha descontado el tiempo de bajas médicas, licencias o permisos, para no hacer frente a las indemnizaciones por haber obligado a los bomberos a realizar una jornada ilegal de manera obligatoria. Es decir, todos aquellos bomberos que estuvieron de permiso de paternidad, permiso por fallecimiento de un familiar, o baja por un accidente laboral, el Consorcio les descontó dichas horas, para que no fueran computadas como tiempo de trabajo, y de este modo, no abonarles el exceso de horas realizado, producto de la jornada obligatoria impuesta ilegalmente.
Esta acción, la de no cotizar y descontar las horas de bajas, permisos y licencias de los bomberos, supuso la interposición de una denuncia en 2023, ante la Inspección de Trabajo de Las Palmas, por parte de los representantes de los trabajadores, la cual ha
expidió en 2024, un Acta de liquidación contra el Consorcio, de 270.000 euros por las cantidades dejadas de abonar, y una multa de 216.000 euros, por dicha infracción. Como consecuencia de lo anterior, los bomberos interpusieron una denuncia por un delito de fraude a la Seguridad Social, contra el Presidente del Consorcio, Pedro Justo Brito, y el Gerente de dicha entidad, Emilio Duch, la cualse está instruyendo también, en el juzgado Nº5 de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria.
Esta incompetencia en la gestión de un servicio esencial, como es el que presta el Consorcio de Emergencias, no ha solucionado hasta la fecha el problema nuclear que padece, que es la falta estructural de personal, ya que en la actualidad, con 7 Parques
de bomberos en funcionamiento, existe menos personal que en 2006 cuando sólo existían 5.
Todo lo anterior, ha supuesto y supone, que existan días con dos, o incluso un sólo bombero en los Parques, llegando a darse la circunstancia, más de una vez, de tener que cerrarlos por no existir ningún efectivo de guardia. Esta carencia de personal, se traduce en una merma en la prestación del servicio que sufren todos los ciudadanos de Gran canaria, y en una inseguridad para la salud y la vida de en el desarrollo de las intervenciones, que padecen los bomberos.
Una vez más, esta situación y estado de necesidad en el que se pone diariamente a los bomberos del Consorcio, que no es otra, que la de tener que acudir a las intervenciones con un número de efectivos insuficientes, ha supuesto una denuncia contra el Presidente del Consorcio, Pedro Justo Brito, y el Gerente de dicha entidad, Emilio Duch, por un delito contra los trabajadores, que se está instruyendo también en el juzgado Nº5 de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria.