Una inspectora corrobora la desnutrición de varios ancianos de una residencia de Barcelona
La Fiscalía acusa a los responsables de delitos de abandono y pide una indemnización de 30.000 euros a cada uno
Dos ancianos en una residencia de Barcelona. | Europa Press
Una inspectora de servicios sociales de la Generalitat de Cataluña ha explicado ante el tribunal que algunos de los ancianos ingresados en la residencia Sanlisart de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) presentaban signos de desnutrición o estaban en riesgo de padecerlos.
En un juicio que ha comenzado este martes en la sección quinta de la Audiencia de Barcelona, la inspectora ha detallado que al menos seis de los ancianos del geriátrico Sanlisart estaban desnutridos y 13 de ellos se encontraban en riesgo de padecer este problema.
La Fiscalía acusa a cuatro responsables de la residencia de los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y de veintiún ilícitos de abandono, uno por cada anciano, y pide que indemnicen a cada uno de ellos con 30.000 euros.
Además, señala a la empresa que estaba al frente de la residencia donde sucedieron los hechos como responsable civil subsidiaria -si bien se encuentra disuelta y en proceso de liquidación, que podrá finalizar una vez termine la causa penal abierta-, y a la compañía encargada del cáterin.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el centro estaba acreditado como entidad colaboradora de la Generalitat desde el año 2009 con la financiación de 22 de las 24 plazas de las que disponía el geriátrico.
Dieciocho menús para veinticuatro personas
El Ministerio Público sostiene que la empresa encargada de la residencia y la de cáterin idearon una fórmula para ahorrar en costes, consistente en el reparto entre los ingresados de seis menús menos que número residentes del centro, entre subvencionados y privados (18 entre 24 personas).
La residencia, prosigue el escrito, abonaba únicamente 4,90 euros por usuario por la totalidad de las comidas, pese a que simulaban que les costaba 6,10 euros, aún por debajo de la media de gasto de un geriátrico, de 9,87 euros.
El fiscal señala que la cantidad que se ahorraba la residencia con este sistema oscilaba entre los 1.100 y 1.500 euros cada mes.
Los ancianos se encontraban presuntamente en estado de desnutrición ante la falta de alimentos, consecuencia de repartir 18 menús entre 24 residentes, algo que hacían aprovechándose de su indefensión por su edad avanzada o sus dolencias concretas.
El Ministerio Público subraya que los acusados, «atentando a su dignidad como seres humanos», tenían a los ancianos en un estado de «extrema precariedad y suciedad», y que uno de los residentes estaba sujeto a su cama sin justificación.
«Casi todos los residentes adolecían de muy mala higiene corporal, sin cuidados básicos», señala la Fiscalía.
Después de varios expedientes sancionadores, la Generalitat revocó la colaboración en febrero 2017 con la residencia, y 21 ancianos de los que había en ese momento en el centro fueron trasladados a otro geriátrico, algunos de ellos con signos de desnutrición y otros en riesgo, según el fiscal.
Malnutrición
La inspectora de la Generalitat que elaboró el informe sobre el estado de salud de los ancianos, una vez trasladados, ha manifestado ante el tribunal que le sorprendió que a todos les hubieran dado durante quince días un suplemento de proteínas.
«Lo que más se nota es cuando una persona se desnutre: se funde la masa muscular, se quedan sin fuerza, sin que se recupere esta musculatura», ha indicado.
Preguntada sobre su informe, ha manifestado que, en base a los índices IMC y MNA, seis personas estaban desnutridas y otras trece estaban en riesgo de desnutrición, si bien ha reconocido que hizo el estudio a partir del análisis de datos, sin visitar directamente a los ancianos.
La inspectora ha manifestado que analizó el caso de diecinueve de los ancianos, y que se encargó ella por su formación como licenciada en Medicina y porque había colaborado con el Departamento de Salud en recomendaciones de actividad física para centros de gente mayor, que también incluye cuestiones de nutrición.
Antes que ella, ha declarado otra inspectora de servicios sociales, que, pese a no recordar muchos detalles, ha sostenido que, en base a la comparación con el gasto de otros geriátricos de referencia, el dinero invertido por residente en alimentación era sensiblemente inferior a lo habitual.
Durante las cuestiones previas, el tribunal ha aceptado retirar a uno de los procesados una de las 21 acusaciones por abandono de ancianos, puesto que fue absuelto en un juicio anterior que abordaba el caso concreto de una de las pacientes.
El juicio que se prolongará varios días y los procesados declararán en último lugar.
