Cáritas pide una regularización de migrantes con más alcance que la propuesta del Gobierno

La organización Cáritas ha pedido este miércoles en el Congreso de los Diputados que los grupos aprueben la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización de inmigrantes y ha propuesto una serie de medidas que ampliarían su alcance respecto a la última propuesta realizada por el Gobierno. En concreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propone que los inmigrantes que residieran en España antes del 31 de marzo de 2025, las familias con hijos escolarizados o los solicitantes de asilo puedan acogerse a la regularización extraordinaria que se tramita en el Congreso.

Lo han hecho el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, y su coordinadora de Incidencia Política, Ana Abril, durante su comparecencia hoy en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados.

Allí, Bretón ha instado a los grupos a aprobar esta iniciativa, recordando que «regularizar no es dar privilegios», sino «reconocer la realidad y hacer justicia». También han trasladado las propuestas del grupo eclesial de apoyo a la ILP, formado por la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Red de entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

Una de ellas es exigir a los afectados una permanencia previa en España de un máximo de seis meses anterior a la solicitud, en lugar de un año, como refleja la última propuesta del Gobierno, conocida el pasado martes. Cáritas rechaza que el procedimiento recoja una fecha de corte -encontrarse en España antes del 31 de marzo, según la última propuesta del Ejecutivo- debido a los retrasos de tramitación de las normas.

Las entidades sugieren que los migrantes puedan acreditar su identidad mediante su pasaporte de país de origen, ya sea en vigor o caducado, sobre todo para aquellas nacionalidades que no tienen posibilidad de renovarlos, o, en su defecto, con una cédula de inscripción emitida por el Ministerio del Interior o «cualquier medio de prueba válido en derecho».

Respecto a los antecedentes penales, piden que se establezcan unas normas claras respecto a esta valoración, una serie de excepciones a la obligación de aportar este tipo de datos del país de origen y «una denegación conforme a jurisprudencia» porque se considere que la persona representa una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.

Entre las propuestas citadas también reclaman que se aplique esta regularización a los solicitantes de asilo sin que estos tengan que renunciar a su petición y que esta sea «extensible» a los familiares más cercanos de los beneficiarios, en función de una serie de criterios.