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Sociedad

Cámaras en viviendas turísticas: riesgos y legalidad

Con la creciente popularidad del alquiler vacacional, estos asesoramientos legales se vuelven imprescindibles para evitar sanciones

Cámaras en viviendas turísticas: riesgos y legalidad

Cámaras | Canva

El auge de la vivienda turística ha generado en los últimos años un intenso debate sobre la privacidad y la seguridad de los huéspedes. Uno de los temas más controvertidos es el uso de cámaras en estas propiedades, tanto en el interior como en el exterior. La polémica se intensificó tras un reciente comunicado de Airbnb, en el que la plataforma aclaraba las condiciones bajo las cuales los arrendatarios podían instalar dispositivos de grabación. Ante esta situación, Graciani Asesores & Abogados ha abordado la cuestión en su canal de YouTube, aclarando qué es legal y qué no lo es en el marco de la legislación española.

¿Se pueden instalar cámaras en viviendas vacacionales?

Según los expertos de Graciani Asesores, instalar cámaras en el interior de una vivienda turística, es decir, en un espacio que no sea nuestro hogar y que se destine a uso temporal por parte de terceros, es totalmente ilegal. «Jamás se puede colocar ningún tipo de cámara ni de grabación de sonido en el interior de una vivienda que no sea de uso exclusivo del propietario», explican en el canal. La razón fundamental es la protección de la vida íntima de las personas.

Esta normativa se asemeja a la que regula la instalación de cámaras en espacios públicos con restricción de privacidad, como los baños o los vestuarios. Aunque en restaurantes, tiendas o gimnasios es común encontrar cámaras, estas nunca deben situarse en áreas donde se desarrolla la intimidad del individuo. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) considera que cualquier imagen captada en estos espacios constituye un dato personal especialmente protegido. Por ello, grabar el interior de una vivienda turística vulnera directamente la privacidad de los huéspedes y puede derivar en sanciones legales severas.

Límites para cámaras en el exterior

El problema no se limita al interior de la vivienda. La guía publicada por la AEPD también establece límites claros para la instalación de cámaras en el exterior. En principio, no se permite la grabación de zonas comunes o de tránsito de terceros que no estén relacionadas directamente con la seguridad de la propiedad. Sin embargo, sí se pueden colocar cámaras que cubran la franja mínima de acceso a la vivienda, como la puerta principal o el portal de entrada, siempre con el objetivo de garantizar la seguridad y sin invadir la intimidad de los vecinos o transeúntes.

Riesgos legales y responsabilidad del propietario

Graciani Asesores & Abogados advierte de que el incumplimiento de estas normas no solo puede generar sanciones administrativas, sino también responsabilidades civiles y penales. En algunos casos, el uso indebido de cámaras puede considerarse un delito contra la intimidad, tipificado en el Código Penal. Además, Airbnb ha reforzado sus políticas internas para que los anfitriones informen de cualquier dispositivo de grabación presente en sus propiedades y obtengan el consentimiento expreso de los huéspedes.

Alternativas legales para la seguridad

Desde el punto de vista práctico, los expertos recomiendan a los arrendatarios que, si desean aumentar la seguridad de su vivienda turística, opten por alternativas legales y discretas. Por ejemplo, sensores de movimiento, cerraduras inteligentes o sistemas de alarma que no impliquen grabación de imágenes de los huéspedes son soluciones efectivas y totalmente legales. Asimismo, cualquier cámara debe ser claramente visible y señalizada, y nunca puede estar ubicada en habitaciones, baños, vestuarios o cualquier otro lugar donde se desarrolle la vida íntima de las personas.

El debate sobre la privacidad en viviendas vacacionales también ha despertado interés entre los propios usuarios. Muchos viajeros manifiestan que la presencia de cámaras, incluso en entradas o zonas externas, genera desconfianza y reduce la sensación de seguridad. Por ello, la legislación y las recomendaciones de expertos buscan equilibrar dos objetivos fundamentales: proteger la propiedad y garantizar la privacidad de quienes se hospedan temporalmente.

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