La mitad de las pruebas de edad que se hace a menas revelan que en realidad son adultos
La Fiscalía General del Estado evidencia que solo el 50% de los sometidos a exámenes son menores de edad
Policía y servicios sanitarios atienden a inmigrantes en Puerto Naos, en Arrecife, Lanzarote, Canarias. | Europa Press
En 2024 se realizaron 7.562 diligencias preprocesales de determinación de la edad (DIP) a menas (menores extranjeros no acompañados), 140 más que en 2023, en el que se duplicaron en número con respecto a 2022. De estas, 2.457 han resultado ser mayores, 3.825 eran menores «o existían posibilidades de que lo fueran» y 1.280 han concluido sin resultado por abandono de los centros antes de poder practicarse diligencias. Es decir, que el 50,58% de los menas a los que se hizo la prueba eran en realidad menores. Así lo refleja la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, publicada este viernes.
La memoria también recoge cómo la llegada de menas se dispara año tras año. En el 2024 llegaron 5.922 por vía marítima en pateras u otras embarcaciones frágiles, superando los 4.865 de 2023 y los 2.375 de 2022. Estos fueron mayoritariamente de sexo masculino (5.291), aunque la llegada de niñas se ha triplicado, pasando de 238 en 2023 a 631 en 2024. Respecto a las llegadas por vía terrestre a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, la primera recibió el año pasado a 2.768 menores irregulares, habiendo recibido Melilla 147.
En cuanto a la procedencia de estos menas, la mayoritaria fue Marruecos (1.834), por delante de Mali (1.190), Argelia (1.006) y Senegal, en cuarto lugar con 687 menores. A fecha de 31 de diciembre de 2024, figuraban en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados un total de 16.041 (13.438 varones y 2.603 mujeres), cifra que «supera con creces» los datos de 2023, cuando había 12.878 menores no acompañados bajo tutela o acogimiento de los servicios de protección y frente a los 11.417 de 2022. De estos 16.041 menas, la mayoría proceden de Marruecos (4.393), seguidos por Senegal (2.379), Mali (1.794), Ucrania (1.688), Argelia (1.449) y Gambia (1.471). Pese a estas cifras, solo se han repatriado ocho menas (cuatro de Colombia, tres de Rumanía y uno de Francia).
La evidencia de los datos
Este informe supone un misil en la línea de flotación del argumentario del Gobierno, que defiende que los menas son «niños y niñas» que huyen de conflictos. Los datos evidencian que solo el 50% son acreditados como menores, que el 89,34% son varones y que un porcentaje ínfimo procede de países en guerra (solo los ucranianos, pero no se hace alusión a la llegada de alguno de ellos en 2024).
Cabe resaltar que en España las pruebas de determinación de edad de los menas son hechas por instituciones sanitarias especializadas, generalmente bajo la coordinación de los Institutos de Medicina Legal o servicios médicos forenses, con la autorización del Ministerio Fiscal. Estas pruebas se llevan a cabo solo cuando existen dudas razonables sobre la edad del inmigrante, ya sea por la falta de documentos o por la apariencia física del mismo.
Baleares y Canarias
El informe de la Fiscalía General del Estado también refleja la saturación que sufren Baleares y Canarias por la llegada de menas. En este sentido, la Fiscal delegada de Baleares traslada que «en el archipiélago balear el número de menores procedentes de diversos países de África (fundamentalmente Argelia) ha ido en considerable aumento, habiendo pasado de 180 en el año 2023 a 368 en el año 2024 (un 105% más), lo que está provocando nuevas necesidades en las fórmulas de ubicación y gestión de los centros de protección, así como de funcionalidad y operatividad de todas las administraciones en el proceso posterior de emancipación tras la mayoría edad». «La creación de centros o recursos es constante y prácticamente inmediata, pero superando expectativas y posibilidades en algunos casos», sostiene el documento.
También se hace mención a la situación de las Islas Canarias para destacar su labor en la realización de pruebas de determinación de edad. Así, en Las Palmas fueron incoados 790 expedientes (650 varones y 40 mujeres), de los que se han resuelto 538. De estos, 152 resultaron ser mayores de edad y 386 menores. En Tenerife, por otro lado, se incoaron 1.420, de los cuales 504 resultaron ser mayores y 438 menores.
850 millones al año
Si se tiene en cuenta que cada mena cuesta un promedio de 4.400 euros al mes, y que hay 16.041 bajo la tutela del Estado, el desembolso total para el mantenimiento de estos menores es de 846.964.800 euros al año. Esto, según estimaciones conservadoras, ya que el coste por mena varía según la región y el centro. En Madrid, los centros con necesidades específicas (como salud mental) cuestan hasta 5.762 euros al mes por plaza y en Andalucía hay centros públicos en los que la cifra se dispara a 9.813.