El PNV planea cerrar el polémico campamento 'trans' de Bernedo

La Diputación de Álava, gobernada por el PNV, pretende «suspender» la actividad del campamento ‘trans’ de Bernedo de forma definitiva, según ha informado El Diario Vasco. Tal y como apuntan desde este medio, sería la primera medida que pretende llevar a cabo la institución foral en la vertiente administrativa contra los promotores del polémico campamento de la localidad alavesa en el que, entre otras cosas, se instaba a los menores a desnudarse en duchas mixtas y los monitores andaban desnudos por las instalaciones sin que las familias de los niños tuviesen conocimiento de ese tipo de prácticas. Esta decisión llega tras numerosas críticas por la «innación y pasividad» de las instituciones por lo que estaba ocurriendo desde hace años.

La idea es que el expediente administrativo se inicie la próxima semana, cuando los máximos responsables institucionales den luz verde al procedimiento sancionador. El proceso estará sujeto a posibles alegaciones y no se sabe como concluirá pero, a pesar de que cerrar el campamento no será un trámite sencillo, el objetivo de la Diputación es hacerlo «sin fecha», de manera definitiva, según indican las fuentes consultadas por dicho medio. Por otro lado, apuntan que desde la institución no han querido hacer comentarios al respecto.

El expediente administrativo se tramitará al mismo tiempo que la investigación penal abierta en un juzgado de Vitoria por unos hechos que podrían implicar a varias personas. Además de los monitores y organizadores del campamento, la investigación también podría alcanzar a responsables institucionales que, durante años, no supervisaron la actividad del campamento —a pesar de recibir fondos públicos— ni actuaron ante las denuncias de maltrato y corrupción de menores. Hasta ahora, la Ertzaintza ha recibido unas veinte denuncias, la mayoría presentadas después de que un periódico revelara lo ocurrido en el campamento de Bernedo.

La investigación judicial sobre lo ocurrido en el campamento de Bernedo comenzó en mayo, casi un año después de que una educadora de un centro de menores denunciara los hechos en Zarautz. Su denuncia fue derivada a la Ertzaintza de Álava en enero de 2025, pero el caso no llegó al juzgado de Vitoria hasta mayo por cuestiones administrativas. Durante meses, los primeros testimonios de los menores y de la educadora fueron ignorados, posiblemente por tratarse de niños en situación vulnerable sin apoyo familiar. Pasaron unos tres años desde las primeras alertas sin que las instituciones actuaran. La situación solo cambió cuando un periódico publicó las denuncias, lo que generó una gran polémica y reacciones oficiales tardías. La educadora lamentó que, de haberse atendido sus avisos a tiempo, se habría evitado mucho sufrimiento.

Después de que la prensa destapara el caso, las instituciones han acelerado la investigación tanto judicial como administrativamente. En los juzgados de Vitoria ya se están recibiendo nuevas denuncias y algunos trabajadores del campamento han sido citados como testigos. El Departamento de Seguridad ha asignado al caso a su unidad principal de investigación de delitos contra las personas, con el objetivo de destinar todos los recursos necesarios.

Pero el caso no solo señala a los monitores y organizadores del campamento, sino también al sistema de protección de menores, que habría fallado en su labor de control y prevención. Desde las primeras denuncias de la educadora de Gipuzkoa, se han sumado muchas familias que aseguran que sus hijos fueron forzados a realizar actividades inapropiadas para su edad. Además, se investigan posibles agresiones sexuales entre adolescentes, ante las que los responsables del campamento no habrían actuado.