Estos son los requisitos que debe cumplir tu empleada del hogar para evitar una multa
Desde ese momento, el trabajo doméstico en España iniciará una fase renovada de supervisión y cumplimiento normativo
Empleada de hogar | Canva pro
El reloj corre para miles de familias en España que tienen contratada a una empleada del hogar. A partir del 14 de noviembre de 2025, entrará en vigor de forma plena el nuevo marco normativo de prevención de riesgos laborales, que obliga a disponer de una evaluación actualizada del entorno doméstico antes de esa fecha. El cambio, introducido por el Real Decreto 893/2024, supone el fin de una excepción histórica: por primera vez, el empleo en los hogares particulares queda plenamente sujeto a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
La medida llega en un momento especialmente delicado. Según los últimos datos de la Seguridad Social, el empleo en el hogar registra su cifra más baja en 15 años: 341.428 trabajadoras afiliadas, lo que supone 72.000 menos que en 2019. La caída coincide con el incremento sostenido del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un 60% más desde 2019, y con el encarecimiento de las cotizaciones sociales, factores que han empujado a muchas familias a reducir jornadas o prescindir del servicio. Los sindicatos alertan, además, de un repunte del trabajo en la economía sumergida.
La nueva obligación: identificar riesgos dentro del hogar
A partir del 15 de noviembre de 2025, toda nueva contratación deberá contar con una evaluación de riesgos previa al inicio de la actividad. Los empleadores deberán analizar el entorno en el que la trabajadora desarrolla sus funciones, desde escaleras y enchufes hasta productos químicos o presencia de mascotas, y reflejarlo en un documento oficial. El proceso puede realizarse gratuitamente a través de Prevencion10.es, la plataforma creada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), operativa desde mayo de 2025. Este portal guía al usuario mediante un cuestionario sencillo y genera un informe en PDF con validez legal, que debe entregarse a la trabajadora y conservarse por escrito.
Qué incluye la evaluación
El informe debe recoger los datos del empleador y de la empleada, una descripción de las tareas (limpieza, cocina, cuidado de personas mayores, planchado…), la identificación de riesgos asociados y las medidas preventivas recomendadas. También incorpora un plan básico de actuación ante emergencias o accidentes y permite su actualización si cambian las condiciones del hogar.
Una vez identificados los riesgos, la familia está obligada a implantar medidas preventivas. Estas pueden ir desde sustituir productos de limpieza agresivos por otros más seguros, hasta mejorar la ventilación o facilitar calzado antideslizante. El empleador debe además proporcionar formación básica en seguridad a la trabajadora y garantizar equipos de trabajo adecuados. El seguimiento de la salud laboral también forma parte del nuevo marco. Las empleadas tendrán derecho a un reconocimiento médico voluntario y gratuito cada tres años, cubierto por el Sistema Nacional de Salud. La familia no accederá a los resultados, pero debe facilitar la asistencia.
Sanciones y consecuencias del incumplimiento
No cumplir con la evaluación puede salir caro. Las sanciones parten de 2.451 euros y pueden alcanzar los 49.000 euros en los casos más graves. Si se produce un accidente laboral y no existe evaluación de riesgos, el empleador deberá asumir el coste del daño y un recargo adicional en las prestaciones. El Ministerio de Trabajo recuerda que el incumplimiento también puede tener implicaciones penales en caso de negligencia grave.
Una equiparación con la empresa privada
El Real Decreto 893/2024 coloca a los empleadores domésticos en el mismo nivel jurídico que cualquier empresa en materia de prevención. No basta con tener un contrato y estar de alta en la Seguridad Social: ahora es obligatorio evaluar, prevenir y documentar. El Gobierno justifica la reforma como un paso decisivo hacia la dignificación del empleo doméstico, un sector feminizado —más del 90% de las trabajadoras son mujeres— y tradicionalmente precarizado. Tras la incorporación de estas profesionales al sistema de prestaciones por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), el Ejecutivo busca equiparar derechos y obligaciones.
Retos y resistencia en el sector
Asociaciones de empleadores domésticos y familias con bajos ingresos han expresado su preocupación por el impacto económico y burocrático de la medida. “Aunque la plataforma es gratuita, el proceso no deja de ser un trámite más, y muchos hogares con pocos recursos temen sanciones por desconocimiento”, advierte la Federación de Asociaciones de Familias Cuidadoras. Por su parte, los sindicatos celebran la medida como un avance histórico. «Por fin se reconoce que trabajar en una casa no significa trabajar sin derechos», señalan desde Comisiones Obreras, que reclaman también más inspecciones y campañas informativas.
Próximos pasos
El periodo transitorio se extenderá hasta noviembre de 2025, pero el Ministerio de Trabajo y Economía Social prevé reforzar la difusión de la norma a lo largo de 2025 con campañas en medios, talleres locales y formación en línea para empleadores. A partir de esa fecha, el empleo doméstico en España entrará en una nueva etapa de regulación y control, en la que el hogar deja de ser un espacio exento y pasa a ser, legalmente, un lugar de trabajo con todas las garantías.