«Cada preso político es una historia»: Foro Penal y la defensa de la libertad en Venezuela

En 2005 se fundó la asociación civil venezolana Foro Penal como respuesta al crecimiento de las encarcelaciones políticas y violaciones de derechos humanos bajo el mandato de Hugo Chávez. Desde sus inicios, «operó como una red de abogados y voluntarios que defendían a los presos políticos con pocos recursos económicos, acompañaban a sus familiares y documentaban las violaciones de derechos humanos», explica Michelle Simon, coordinadora del capítulo de Foro Penal en Madrid. 

Desde la toma de poder del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, en 2013, el número de encarcelaciones con fines políticos ha mantenido una tendencia de aumento constante. En Venezuela, estas detenciones arbitrarias suelen intensificarse durante momentos de alta tensión política, que desatan olas represivas impulsadas por el régimen. Uno de los picos más severos de encarcelaciones se produjo después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro se proclamó vencedor pese a la abundante evidencia de la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia. En este contexto, el régimen orquestó un ciclo de represión sistemática en el que las desapariciones forzadas ocuparon un lugar central. Desde entonces, como denuncia Human Rights Watch, el Gobierno ha mantenido una práctica llamada «la puerta giratoria», donde tras presión nacional e internacional se libera a algunos presos políticos, mientras se detiene a otros. 

En este marco represivo, Foro Penal desempeña una labor indispensable para quienes enfrentan la persecución política.

Más de 6.000 voluntarios

Foro Penal cuenta con una red de más de 6.000 voluntarios, incluyendo abogados y defensores activos, encargados de acompañar a las familias de los detenidos políticos, recibir denuncias, documentar y visibilizar los casos. La asociación civil mantiene una presencia sólida en todos los estados de Venezuela y, a nivel internacional, dispone de capítulos en 30 ciudades. En España, desarrolla su labor en Madrid, Barcelona y Valladolid. 

Al tratarse de una red voluntaria, sus integrantes no reciben retribución económica. Según explica Simon, los voluntarios están motivados por su compromiso con la defensa de los presos políticos y continuarán trabajando «con vocación todo el tiempo que haga falta».

La misión de la asociación se centra en defender y proteger los derechos humanos, en particular el derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la integridad física de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela.

 «Trabajamos para que cada historia sea conocida, registrada y defendida»

«No hay peor castigo para un preso político que el olvido», afirma Simon. Por ello, Foro Penal se enfoca en la constante visibilización de los presos políticos, tanto dentro del país como en el ámbito internacional, mediante la presentación de los casos ante mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Este trabajo se lleva a cabo gracias a un proceso riguroso de documentación, en el que cada caso es monitoreado de forma continua para garantizar que «no se pierda la información sobre las violaciones de derechos humanos y los abusos». 

El acompañamiento a los familiares constituye una parte central de la estrategia de difusión, ya que les brinda apoyo para seguir denunciando las detenciones de sus seres queridos. En la práctica, Foro Penal los orienta jurídicamente, los asesora en la gestión de trámites legales y los acompaña en la exposición pública de los casos. «Lo que buscamos con la visibilización es reducir el aislamiento en el que se encuentran los detenidos, fortalecer la red de apoyo de sus familiares y disminuir el riesgo de nuevas violaciones de los derechos humanos», sostiene Simon.

Persistir a pesar de la persecución

Foro Penal y sus integrantes enfrentan acoso constante por parte del régimen venezolano. Entre las prácticas más recurrentes se encuentra el hostigamiento judicial, que en numerosas ocasiones ha impedido a los abogados de la asociación representar legalmente a personas detenidas que los han elegido como defensores, obligándolas a aceptar abogados públicos en su lugar. A ello se suman las restricciones frecuentes al acceso a expedientes judiciales y a los centros de detención.

La asociación también ha sufrido campañas de estigmatización, mientras que sus miembros de persecución, incluyendo acoso, intimidación y vigilancia, sobre todo desde el pico de represión desatado tras las elecciones de julio de 2024. «Esto genera un desgaste emocional y expone a un riesgo físico a quienes integramos el Foro Penal, creando un entorno de peligro permanente que afecta profundamente la defensa de los derechos humanos en Venezuela», señala Simon. 

Uno de los casos más extremos es el de Kennedy Tejeda, abogado de Foro Penal, privado de su libertad el 2 de agosto de 2024, en Montalbán, estado Carabobo. Tejeda quedó detenido al presentarse en el Comando Rural de Montalbán, un centro de reclusión, para solicitar información sobre personas retenidas arbitrariamente. Hasta la fecha, se mantiene encarcelado, imputado de cargos infundados como «terrorismo» y «discurso de odio». «Seguimos difundiendo y exigiendo la liberación de Kennedy Tejeda y de otros activistas de derechos humanos», afirma Simon, quien añade que estas medidas buscan «que los defensores de los derechos humanos en el país tengamos miedo de ejercer nuestra profesión, con el propósito final de desestabilizar la asociación de la que formamos parte».

Pese a ello, Simon subraya que los voluntarios de Foro Penal se mantienen firmes en su compromiso con las personas que están privadas de libertad por motivos políticos y su vocación hacia la defensa de los derechos humanos, sobre todo en el contexto venezolano. Desde la asociación, explica, perciben el resguardo de los derechos humanos «como un motor para impulsar cambios reales en Venezuela», una convicción compartida que les permite «resistir, adaptarnos a las nuevas represalias del Estado y a seguir a pesar del hostigamiento, el acoso y el miedo». En un país donde hay presos políticos, concluye, «callar no es una opción».