Los inmigrantes en situación irregular en España crecen casi un 700% entre 2017 y 2025, según Funcas

La cifra de inmigrantes en situación irregular en España -de la que no hay estadísticas oficiales- habría aumentado casi un 685% en los últimos ocho años, pasando de 107.000 personas en 2017 a 840.000 en 2025, según estimaciones del centro de análisis de Funcas, que señala que la irregularidad afectaría a un 17,2% de la población extranjera no comunitaria que vive en el país.

Como ha explicado la directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar, a Europa Press para realizar estas estimaciones, Funcas considera como población en situación regular a la que cuenta con un permiso de residencia (o lo está renovando), o con un permiso de estudios (o un permiso para familiares cercanos derivado de este), o que tiene pendiente la resolución de su petición de asilo. Sumada la población en estas categorías, la población en situación irregular se obtiene restando las personas consideradas en situación regular de las cifras oficiales de población.

Del total de personas en situación irregular, según el estudio, el 90,4% pertenecen al continente americano, es decir, 760.000 inmigrantes. Entre ellos, colombianos (290.000), peruanos (110.000) y hondureños (90.000). En cuanto a los inmigrantes procedentes de África, contabiliza a unas 50.000 personas; de Asia, unas 15.000; y de Europa, 14.000.

«Esta cifra se explica por el fuerte incremento de la población con nacionalidades de países no comunitarios en los cinco últimos lustros, y muy notablemente desde 2017 con las nacionalidades americanas como responsables del crecimiento», señala Funcas, al tiempo que subraya que este es el motivo por el que los extranjeros de países no comunitarios suponen el 91% de la población en situación administrativa irregular.

«Escasa planificación» del Gobierno

En todo caso, esta bolsa, que correspondería a los inmigrantes en situación irregular a 1 de enero de 2025, se ha estimado antes de la entrada en vigor en mayo de 2025 de la modificación del Reglamento de Extranjería, que flexibiliza la regularización por arraigo. En este sentido, Funcas prevé «en principio» que la cifra mencionada se habría reducido, aunque precisa que es todavía pronto para estimarlo.

«La nueva normativa aspira, según el Gobierno, a regularizar a 900.000 extranjeros en el trienio 2025-2027. Incluso aunque se cumpliera este objetivo, si las pautas de migración y de regularización no vinculadas al arraigo mantuvieran la dinámica actual, las estimaciones apuntan a que el número de residentes en situación irregular no disminuiría, sino que tendería a estabilizarse», concreta.

Para directora de Estudios Sociales de Funcas, «este modelo asume que una proporción notable de los inmigrantes pasan por un largo periodo en la irregularidad antes de conseguir la regularización administrativa, de modo que se producen grandes aumentos de la población en esa situación cuando crecen con intensidad los flujos de entrada, como en la actualidad».

Además, Miyar ha recordado que hasta 2005 se recurrió a regularizaciones extraordinarias dirigidas a contingentes de población en situación irregular próximos o superiores al millón de habitantes y que, desde entonces, se ha confiado en las medidas de arraigo (social, familiar, laboral y de formación) como «una especie de regularización extraordinaria continua».

«Este mecanismo, aunque ha prevenido la aparición de volúmenes de población en situación irregular similares a los anteriores a 2005, no ha logrado evitar los notables crecimientos que se producen en periodos de llegadas abundantes», comenta el centro de análisis, que también critica «la escasa planificación de política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen de inmigrantes que se reciben ni sobre sus características».

Funcas ha afirmado que facilitar la regularización por arraigo «puede contribuir» a la integración social de muchos inmigrantes «que pasarán menos tiempo en un limbo administrativo y que tendrán acceso al empleo regular», pero insiste en que «sigue sin implicar planificación».

En este sentido, la entidad apunta que en materia de planificación habría que implementar medidas que se enmarquen en «una estrategia amplia de crecimiento económico y productividad, orientando la inmigración hacia sectores de la economía con escasez de mano de obra, y, en mayor medida, con requerimientos de cualificación».

Según Funcas, esto contribuiría a consolidar «procesos de llegada regulares y se evitaría que tantos trabajadores foráneos estuviesen largos periodos en situación irregular». Además, afirma que permitiría «una mejor integración laboral y social de los inmigrantes, reduciéndose su vulnerabilidad, aumentando su autonomía económica y su contribución al sostenimiento del sistema de bienestar».