Hay Derecho exige al Gobierno una dirección profesional de empresas públicas

La Fundación Hay Derecho ha lanzado este jueves una campaña ciudadana de recogida de firmas para reclamar una dirección profesional, cualificada y seleccionada con criterios objetivos y transparentes en las empresas públicas que gestionan servicios esenciales como ADIF, Renfe, AENA, Casa47 (antes Sepes) o Correos.

Bajo el lema «Por una dirección profesional de las empresas públicas: exigimos estar en buenas manos», la iniciativa busca poner fin a la politización de los nombramientos y asegurar la profesionalidad en la alta dirección pública. «Exigir procedimientos de selección transparentes y competitivos basados en mérito, capacidad e igualdad, de acuerdo con los principios constitucionales, es el primer paso para poner fin a la captura política de empresas públicas, hacer posible una gestión con planificación a largo plazo y reducir los riesgos de corrupción», señalan desde la fundación.

Servicios esenciales que afectan a la vida diaria

Las empresas y otras entidades públicas estatales gestionan infraestructuras críticas y servicios de los que dependen millones de ciudadanos cada día: transporte ferroviario, aeropuertos, comunicaciones o logística postal. «Sus decisiones influyen directamente en la calidad del servicio, la seguridad de las personas y el uso de miles de millones de euros de dinero público».

En este contexto, Hay Derecho considera imprescindible que estas entidades estén lideradas por profesionales cualificados seleccionados mediante procesos abiertos, objetivos y verificables, y no por afinidades políticas y que de ello se derive estabilidad en los puestos de responsabilidad Empresas como ADIF o RENFE han tenido ocho presidentes en los últimos 20 años, y en el caso de Casa 47 (antes SEPES) nueve en este mismo periodo.

«Cuando hablamos de empresas como ADIF o Renfe no estamos hablando de estructuras administrativas abstractas, sino de servicios esenciales que afectan a las oportunidades y a la seguridad de todos», ha señalado Safira Cantos, directora general de Hay Derecho. «El nivel de rotación actual en los puestos, derivado de su politización, afecta de manera grave a la gestión. Por eso es urgente garantizar una dirección pública profesional que responda al interés general y no a criterios partidistas o de amiguismo».

«Al frente de lo público deben estar los mejores», ha declarado la secretaria general de Hay Derecho, Elisa de la Nuez. «No tiene sentido que empresas públicas que nos interesan a todos se gestionen mucho peor que cualquier empresa privada de su mismo tamaño e importancia. Es el mundo al revés», ha añadido.

El caso de ADIF y el foco en la seguridad ciudadana

Los recientes accidentes ferroviarios y las múltiples incidencias registradas, especialmente en el servicio de Rodalies y en la red del AVE, han vuelto a situar en el centro del debate el papel de ADIF. La empresa pública estatal gestiona más de 16.000 kilómetros de red ferroviaria por la que viajan cada año cientos de millones de personas.

Además, ADIF administra inversiones multimillonarias y toma decisiones estratégicas que repercuten directamente en la seguridad ciudadana. Para la Fundación, estos episodios reflejan la necesidad de reforzar la profesionalización y la rendición de cuentas en la gestión de las empresas y entidades públicas.

«El impacto de una mala gestión de estas empresas no es solo económico ni de pérdida de oportunidades, también puede traducirse en riesgos reales para los ciudadanos», ha advertido Elisa de la Nuez. «La seguridad y la calidad de los servicios públicos exigen responsables con experiencia acreditada y seleccionados con criterios transparentes y meritocráticos, como sucede en otros países.

En este sentido, España es una excepción entre las democracias avanzadas», ha recalcado. La Fundación subraya que este «no es un debate nuevo ni un asunto puntual». Desde hace
años, Hay Derecho analiza la politización institucional en el sector público a través de su herramienta de seguimiento, el Dedómetro, un informe que documenta a nivel estatal y autonómico y de forma sistemática los estándares de mérito y capacidad en los
puestos directivos de las entidades públicas.

«Esta campaña es la consecuencia natural del trabajo que venimos realizando desde hace tiempo con el Dedómetro», ha explicado Safira Cantos. «Los datos muestran que la politización y la alta rotación de la alta dirección pública es un problema estructural que afecta a todos los partidos. Necesitamos reformas concretas para garantizar que la especialización y flexibilidad propia de las empresas públicas redunden en el buen servicio a los ciudadanos, no en que sean un coladero del favoritismo político».

Firma para exigir transparencia, mérito y rendición de cuentas

Hay Derecho anima a todos los ciudadanos a sumarse a la campaña y exigir que los máximos responsables de las empresas públicas sean nombrados por su capacidad. «Debemos reclamar el buen funcionamiento, gobierne quien gobierne. Reforzar la profesionalización de estas entidades es esencial para mejorar la planificación a largo plazo, la rendición de cuentas y la seguridad y calidad de los servicios que prestan».

Señalan que es importante no solamente a quién se nombra, sino por qué se le cesa: las razones que guían estas decisiones deben ser el mejor servicio público y ninguna otra relacionada con intereses partidistas o personales. «Firmar es una forma directa de pedir reglas claras y verificables: procesos abiertos, criterios objetivos públicos y responsabilidad real en la gestión de empresas que afectan al día a día de millones de personas», ha explicado Cecilia de la Serna, directora de Comunicación de Hay Derecho. «Queremos estar en buenas manos y para eso la dirección de las empresas públicas no puede ser rehén del partido político de turno», ha concluido Cantos.