Universidades: la paja en el ojo ajeno o el mundo al revés

Lo que nos quedaba por ver: el maestro Ciruela (perdón, el doctor Ciruela) va a arreglar nuestras universidades y, como es de rigor, empieza por lo que no está estropeado y deja sin tocar lo que necesita reparación. Es, una vez más, el mundo al revés, que es la seña de identidad de este Gobierno que padecemos. Y no es que las universidades españolas no necesiten reforma; es que ni el presidente ni su Gobierno están cualificados para emprender tal tarea, ni la ocasión es oportuna, ni el procedimiento, según lo visto hasta ahora, es el adecuado, ni las medidas y objetivos que han trascendido son los apropiados y deseables.

En primer lugar, muchos piensan que este Gobierno maniatado e impotente, a merced de separatistas, rebeldes y prófugos, amén de exterroristas no arrepentidos, no está en condiciones de acometer seriamente una reforma, por necesaria que ésta sea, del sistema universitario español. Hay quien piensa que, como tantas iniciativas del sanchismo, esta pretendida reforma es una cortina de humo para desviar la atención del público de los gravísimos problemas de desequilibrio inestable, desorden interno, carencia de apoyo parlamentario, exigencias internacionales de rearme militar, corrupción y desprestigio que le acosan y aquejan. Es muy posible que así sea.

En todo caso, los proclamados objetivos de la reforma son confusos y contradictorios. Se nos dice que no se trata de hacer distingos entre universidades privadas y públicas, pero la reforma parece que no va a afectar más que a las privadas, que, en realidad, son las que menos necesitan reformas, por varias razones. En primer lugar, porque no se nutren del erario público; al igual que el Estado no pintaría nada exigiendo eficiencia y rentabilidad a una empresa privada de cualquier sector, no tiene por qué meterse en dar licencias a las privadas de la educación. Lo lógico es que sea el mercado el que las cribe, eliminando a las peores con arreglo al principio de la “destrucción creadora” de Schumpeter. En todo caso, la inspección del Ministerio de Educación puede publicar informes sobre la calidad de las distintas universidades para orientar al público, útil servicio que raramente presta, y que ciertas empresas privadas, como algunas de prensa, por ejemplo, sí asumen.

Se podrá decir que en ocasiones las universidades privadas (“chiringuitos”, según el Gobierno) dan muestras de incompetencia o corrupción, como cuando conceden doctorados sin verificar que la tesis haya sido escrita por el doctorando y posea la calidad mínima requerida, como ocurrió con la de nuestro doctor Ciruela. Pero, por desgracia, ni éste ha sido un caso único, ni es exclusivo de las universidades privadas: también se han dado casos de tesis plagiadas o impresentables en las universidades públicas; incluso se ha dado el caso en una gran Universidad pública, la Complutense, de encargar de una cátedra extraordinaria a la esposa de un importante político por el simple hecho de su parentesco, ya que la candidata no reunía la cualificación mínima no ya para desempeñar una cátedra, sino ni siquiera de ser una de sus alumnas. Y, sin embargo, nuestros reformadores universitarios en el Gobierno no parecen pensar que esto requiera un correctivo.

Por eso se refiere el título este artículo a la frase evangélica de “ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. Existe en España, desde hace ya tiempo, una notable inquina por parte de las universidades públicas en contra de las privadas a las que consideran intrusivas; y es de larga data entre la opinión española la preferencia por la enseñanza pública frente a la privada. Pero se trata de una preferencia poco razonada, un apriorismo con escasas bases, excepto una. En mi opinión, la preferencia por la enseñanza pública se debe a que se supone que ésta sea más asequible y uniforme. Sin embargo, lo lógico es que coexistan ambos modelos educativos, el público y el privado, como ocurre en tantos otros sectores económicos, donde el consumidor puede elegir.

«La Institución Libre de Enseñanza es un ejemplo clásico de las virtudes de la enseñanza privada frente al monopolismo avasallador de la pública»

En esta materia se da el hecho curioso de que en general sean personas de izquierda las que se manifiestan en favor de la enseñanza pública por ser más igualitaria y más asequible a las clases modestas. Una vicepresidenta del actual Gobierno se ha manifestados de modo beligerante en este sentido no hace mucho. La paradoja radica en que gran parte de las personas que sustentan esta opinión se consideran herederas o admiradoras de la obra de la Institución Libre de Enseñanza, que es el gran paradigma de la educación privada no confesional en nuestra historia contemporánea. La historia de la Institución, la famosa ILE, es un ejemplo clásico de las virtudes de la enseñanza privada frente al monopolismo avasallador de la pública.

El caso es que los problemas de la enseñanza pública, a nivel superior o universitario, que es el que nos ocupa ahora, son mucho más preocupantes, y deben concernir a los poderes públicos en mucho mayor medida que los de la privada. En primer lugar, porque la universidad pública depende del poder público y se nutre de fondos públicos casi exclusivamente. Es, por tanto, responsabilidad directa del Estado, sea el central o sean las comunidades autónomas. Y antes de ver la paja en el ojo ajeno (las universidades privadas) el Estado debe ser responsable de la viga en el propio (las universidades públicas), cuyos problemas son mucho más graves. Antes de preocuparse de cómo administran sus fondos las universidades privadas debe el Estado de ocuparse de cómo administran sus fondos las públicas, que las reciben del propio Estado, que a su vez los recibe, o los extrae, de los contribuyentes. En definitiva, las universidades públicas las pagamos entre todos. Las privadas, no; sus fondos se los buscan ellas.

Y el caso es que el uso que hacen las universidades públicas de los fondos públicos no es muy satisfactorio. Sabemos desde hace ya mucho tiempo que las universidades públicas españolas no destacan a nivel internacional, no quedan en puestos distinguidos en los varios rankings internacionales que se conocen. En resumidas cuentas, el uso que las universidades públicas hacen del dinero público que reciben deja bastante que desear. Ése es el problema al que el Gobierno debe prestar atención. El de las privadas es secundario y no le atañe directamente.

En este asunto el Gobierno y sus componentes están demostrando ser adeptos del marxismo, pero no, como ellos creen, de Carlos Marx (estoy seguro de que ninguno de ellos, por muy progres que se consideren, han leído entero El Capital), sino de Groucho Marx, que afirmaba que los políticos se caracterizan por crear problemas donde no los hay, inventar soluciones equivocadas para resolverlos y luego echar la culpa a otros de su consiguiente fracaso. Se diría que retrató a los nuestros.

«Los graduados de la universidad privada encuentran empleo más fácilmente que los de la pública»

Es peligroso generalizar: algunas facultades, algunos departamentos, algunas especialidades de las universidades públicas españolas son muy presentables, incluso distinguidas. Los ingenieros españoles son buenos, los médicos en general también, tanto los formados en la universidad pública como los procedentes de la privada. Pero el nivel general es mediocre, con todas las excepciones que se quiera. Resulta que, sobre todo en el área de las profesiones liberales, medicina, derecho, formación empresarial, las universidades privadas aventajan hoy a las públicas y se está dando un fenómeno que recientemente ha puesto de relieve Olga R. Sanmartín en el diario El Mundo: a pesar de ser mucho más caras, las universidades privadas atraen a más estudiantes que las públicas. La razón es muy clara: los graduados de la universidad privada encuentran empleo más fácilmente que los de la pública. La razón de esto también es clara: las universidades privadas tienen planes de estudio y métodos de enseñanza más ajustados a lo que demanda el mercado.

Esta constatación molesta mucho a las autoridades de las universidades públicas, que alegan que sus instituciones son más científicas y humanistas, hacen más investigación y cubren campos de estudio prestigiosos, aunque poco demandados, como las humanidades, la filosofía, las lenguas clásicas, etc. y además hacen más investigación. Todo esto es cierto, pero estas universidades públicas duplican y multiplican los departamentos de estudios poco demandados, lo cual es el clásico derroche de recursos muy propio de las entidades subvencionadas.

Es un absurdo que todas universidades públicas de Madrid, por ejemplo, tengan departamentos de lenguas clásicas con un número muy exiguo de estudiantes en cada una de ellas. Y es que éste es un problema crucial de las universidades públicas, están muy burocratizadas, funcionarizadas y muchos de sus profesores tienen pocos estímulos para trabajar intensamente ante la rigidez del escalafón. En general, las universidades y su personal tienen muy pocos incentivos para esforzarse.

Nadie les exige nada una vez son funcionarios con puesto fijo, y los pocos incentivos económicos para la investigación también se hallan muy burocratizados. La inercia política pesa como una losa. En algunos distritos universitarios, como Madrid, por ejemplo, en tiempos de Esperanza Aguirre, hubo un intento serio, aunque breve, de introducir incentivos económicos para las universidades públicas en función, por ejemplo, del prestigio de los profesores y de la empleabilidad de los graduados. La innovación tuvo éxito, pero, sin embargo, al cabo de unos años, un cambio de personal en la Consejería de Educación trajo consigo el abandono del sistema de incentivos y las universidades revirtieron a la rutina y el anquilosamiento.

Éste es el tipo de problemas que aquejan a las universidades públicas, la viga que hay en sus ojos. Olvidarse de esta viga y fijarse en las pajitas de la universidad privada es comportarse como fieles adeptos no del marxismo-leninismo, que ya sería grave, sino como seguidores del marxismo-grouchismo, que es aún peor.