Barcelona prohíbe casi totalmente la circulación de los vehículos más contaminantes
La prohibición afectará a 50.000 vehículos por día y permitirá reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno en un 15%
El Ayuntamiento de Barcelona ha prohibido a partir de este jueves la circulación en la ciudad de los vehículos más contaminantes durante la mayor parte de la jornada, una medida destinada a reducir las emisiones más elevadas.
Los vehículos diésel matriculados en España antes del 2006 y los de gasolina matriculados antes del 2000 tienen prohibido circular entre lunes y viernes de 07h00 a 20h00 en toda la ciudad. Los propietarios de estos vehículos muy contaminantes pueden pedir una exención de diez días al año.
Los propietarios de vehículos extranjeros deben solicitar una autorización a la alcaldía para circular, bajo pena de «multa de al menos 100 euros«, advierte el consistorio liderado por Ada Colau. A partir de 2021, las camionetas, camiones y autobuses más contaminantes estarán bajo la misma restricción.
Según el Ayuntamiento, la prohibición afectará a 50.000 vehículos por día y permitirá reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno en un 15%.
Por su parte, Madrid permite desde hace un año circular por su centro histórico solamente a residentes y vehículos no contaminantes (híbridos, eléctricos) de no residentes. Este dispositivo es mucho más restrictivo que el de Barcelona pero se aplica en una zona más reducida.
La alcaldesa de Barcelona evocó en julio la posibilidad de cobrar peaje para entrar a la ciudad, como ya se hace en otras urbes europeas como Londres, Estocolmo o Milán.
La segunda ciudad de España sobrepasa desde 2002 el nivel de partículas contaminantes establecido por la Organización Mundial de la Salud y el de dióxido de carbono fijado por Bruselas, según el último informe de la municipalidad sobre el asunto en 2017. Según dicho texto, la polución provocó de media unas 424 muertes prematuras al año en Barcelona entre 2010 y 2017.
A fines de julio, la Comisión Europea envió ante la justicia europea a España, uno de los últimos países en ser presionados por Bruselas para respetar la legislación en materia de calidad del aire.
