La Comisión Europea aplaude el plan de España en energías renovables

La Comisión Europea (CE) ha aplaudido este miércoles el Plan Nacional de Energía y Clima presentado por España, en particular el objetivo de consumir un 42% de energías renovables en 2030, pero ha reclamado a su vez medidas concretas para garantizar la transición laboral e incentivos fiscales para vehículos eléctricos.

Los datos: en conjunto, España se ha marcado el objetivo de reducir en un 26% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, en relación con los valores de 2005 y sin contar los sectores sometidos al sistema europeo de comercio de emisiones, el llamado sistema ETS, lo que «está en línea» con la regulación de la Comisión, apunta el Ejecutivo. 

La Comisión ha publicado este miércoles su evaluación de los planes que los 27 Estados miembro han ido elaborando en los dos últimos años y que deben de servir para dar coherencia a las diferentes políticas ligadas a la transición energética y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto a las energías renovables, el objetivo español de consumo final bruto es del 42% en 2030, lo que «es muy ambicioso ya que está por encima del 32%» previsto actualmente para el conjunto de la UE, señala en el apartado dedicado a España la Comisión, que no pone nota a esas estrategias sino que aporta algunos comentarios. Bruselas también aprueba la senda diseñada por Madrid para lograr ese objetivo, que pasa por alcanzar un 24% en 2022, un 30 % en 2025 y un 34 % en 2027.

La contribución española para mejorar la eficiencia energética y reducir su consumo de energía primaria en 2030 en un 39,5 %, lo que Bruselas considera «suficiente» tanto en energía primaria como final.

La CE, que este miércoles ha presentado una estrategia para renovar 35 millones de edificios en el conjunto de la UE en la próxima década, señala también que el plan español incluye una serie de «acciones específicas» en edificios que incluye la renovación de 1,2 millones de inmuebles residenciales para 2030.

En materia de seguridad energética, España aspira a reducir su dependencia del 74% en 2016 al 61% en 2030, señala la CE, que dice respecto al mercado energético que el plan incluye «medidas suficientes» para acelerar su integración y un objetivo del 10% de capacidad de interconexión con otros Estados miembros en 2020 y del 15 % en 2030.

El Ejecutivo comunitario no valora el objetivo de inversión prevista por Madrid en investigación, innovación y competitividad de hasta el 2,5% del PIB anual y dice que identifica correctamente los objetivos, pero matiza que no se mencionan «plazos específicos ni objetivos cuantificados».

La inversión final planificada por Madrid sería de 241.400 millones entre 2021 y 2030, de la que un 80% correría a cargo del sector público y un 20% del privado, con mayor «énfasis» en redes y electrificación y menos en renovables en comparación con el borrador del plan que ya había sido presentada a Bruselas. «La justificación que da el Gobierno español es que no se necesitan mayores inversiones en renovables para alcanzar la contribución global del 42%», indica la CE, que agrega que el plan sólo aporta detalles de financiación en algunas políticas.

Las acciones para eliminar los subsidios a los combustibles fósiles también están «en línea» con lo esperado por Bruselas pese a que se mantendrán algunos mecanismos de capacidad para centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles, como cobertura a las renovables.

La Comisión tampoco pone «peros» a las medidas para mejorar la calidad del aire, que juzga «coherentes», pero sí detecta carencias en lo relativo a la transición energética hacia una economía descarbonizada y a sus efectos en el mercado laboral. «El plan considera los aspectos de la transición justa y equitativa y proporciona información sobre los impactos sociales, laborales y de habilidades de una transición a una economía climáticamente neutra» y prevé la creación de 348.000 puestos de trabajo para 2030, pero «pasa por alto los posibles efectos sociales negativos distintos de la pobreza energética», dice la CE. «No incluye medidas para abordar los efectos sociales derivados de cambios en la demanda del mercado laboral (aparte de los relacionados con la estrategia de transición justa para la industria extractiva) o de medidas tributarias para impulsar la transición hacia el automóvil eléctrico», apunta Bruselas.