La ley de cambio climático encara la recta final antes de su aprobación

La futura Ley Climática ha entrado en su fase final, previa a su aprobación tras concluir este jueves el debate de enmiendas en la ponencia de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso.

Qué queda: ahora el texto está pendiente de pasar por la mesa de la Comisión, que se reunirá después de Semana Santa y hasta entonces, el presidente de la Comisión y miembro de UP, Juan López de Uralde, ha asegurado que desde su grupo trabajarán por lograr introducir un compromiso de revisión de los objetivos de reducción de emisiones para el año 2023.

Se trata de «una de las leyes fundamentales de esta legislatura», ha señalado López de Uralde, quién ha agradecido el apoyo de Bildu, ERC, PNV y Teruel Existe a la ley, impulsada por PSOE y UP a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Fuera de los apoyos ha quedado Más País, que en un comunicado ha acusado a PSOE y UP de marginar todas sus enmiendas de forma sistemática; lo que no impedirá, han señalado, que hasta el momento de su aprobación seguirán «negociando y proponiendo para que la ley esté a la altura del reto climático».

López de Uralde ha asegurado que todavía no está todo hablado y que desde el Gobierno esperan lograr el respaldo de más grupos de aquí a su aprobación, pese a que ya cuente con el número de apoyos necesarios tras el proceso de enmiendas que ha servido para «mejorar sustancialmente el contenido de la ley» y hacer de ella una legislación «ambiciosa en la lucha contra el cambio climático».

La armonización y el desarrollo económico de las zonas con energías renovables y la consideración de las más recientes evidencias científicas disponibles han sido las dos enmiendas introducidas en los principios rectores de esta ley.

De la misma forma, de aquí a 2030 se ha aumentado de un 20 a un 23% el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de un 35 a un 42% el de producción de energía renovable sobre el total de la energía final consumida, de un 70 a un 74% el de generación de renovable, y se pretende que el consumo de energía primaria se reduzca en un 39,5% (antes era un 35%), mejorando así la eficiencia energética, ha detallado.

El nuevo proyecto de ley tendrá en cuenta también la digitalización, los impactos del cambio climático en la salud pública y la consecución de una dieta alimentaria sostenible con el medioambiente; así como la rehabilitación energética de edificios, lo cual López de Uralde ha asegurado que contribuirá a la creación de empleo, además de reducir emisiones.

Respecto a las peticiones ecologistas de evitar el impacto sobre la biodiversidad de las renovables, se asegura en el artículo 22 que el desarrollo de la energía renovable «debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial».

A ello se añade que «las Administraciones públicas promoverán la identificación, clasificación, cartografía, aumento y mejora de los sumideros de carbono», algo en lo que López de Uralde considera que aún hay «espacio de mejora».

El renovado proyecto de ley también acota las energías no renovables, ya que «no se procederá a la admisión a trámite de cualquier solicitud de explotación de hidrocarburos» ni se «otorgará permisos de explotación de materiales con propiedades radiactivas ni fisionables», según Uralde.