El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que, de manera provisional, el Ayuntamiento va a paralizar la imposición de multas por acceder indebidamente al área de bajas emisiones de Madrid Central, aunque las cámaras seguirán encendidas y se continuará registrando a los infractores.
En contexto: el Supremo ratificó el pasado martes la anulación de Madrid Central e, inicialmente, el Ayuntamiento indicó que se seguirían tramitando las sanciones con normalidad. Ahora Almeida, cuya partido llevó en un principio el proyecto a los tribunales, ha optado porque sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) quien indique cómo actuar y, por «prudencia», detener el envío de sanciones a los infractores.
Así pues, toda multa sin «resolución firme en vía administrativa», es decir, aquellas que no hayan sido comunicadas a los infractores independientemente de la fecha de la infracción, quedarán en el aire. Sin embargo, tanto esas sanciones a medio tramitar como las que puedan derivarse del acceso indebido a la zona de bajas emisiones a partir de ahora podrían acabar haciéndose efectivas si así lo avala el TSJM.
«Por ahora, y mientras no se resuelve el incidente de ejecución, las cámaras de Madrid Central van a seguir registrando la entrada de todos aquellos vehículos que no están incluidos dentro de su ámbito de aplicación», ha recalcado el alcalde. «¿Esto quiere decir que van a acabar en sanción. No (…) se registrarán las matrículas, en su caso se iniciará el procedimiento, pero finalmente el criterio que se nos dé desde el TSJM respecto de Madrid Central, junto con el criterio de los servicios jurídicos, será el que determine si concluye o no ese procedimiento sancionador», ha agregado.
El Ayuntamiento cuenta con que el TSJM le dé un plazo de hasta dos meses para ejecutar la sentencia, lo que le daría margen para aprobar una nueva ordenanza y evitar una situación de vacío legal.
El Partido Popular madrileño (entonces en la oposición y encabezado por Almeida) llevó a los tribunales a ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el Ejecutivo de Manuela Carmena. El TSJM sentenció a favor de que se anulase y Ecologistas en Acción recurrió la sentencia al Supremo, que el martes tuvo la última palabra: Madrid Central queda sin efecto.