La Comunidad de Madrid incumple desde hace 30 años su propia ley de protección de la fauna y flora silvestres
El sistema de la Administración local ha demostrado estar obsoleto y ser ineficaz
El 26 de marzo de 1992 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el Decreto 18/1992 por el que se aprobó el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CREA), es decir, el listado de especies protegidas legalmente por esta comunidad autónoma.
La lista consta de 95 especies vegetales distribuidas en 4 categorías, que ordenadas de mayor a menor grado de protección se distribuyen de la siguiente manera: 4 especies En Peligro de Extinción, 28 Sensibles a la Alteración de su Hábitat, 37 Vulnerables y otras 26 de Interés Especial.
Desde poco tiempo después de su publicación y hasta hoy muchos botánicos han reclamado su revisión y actualización a la luz de los nuevos conocimientos que en estos 30 años se han ido generando por parte de la comunidad científica (recogidos en listas rojas, el proyecto Flora ibérica, tesis doctorales, etc.).
- De la gran mayoría de las especies presentes en el catálogo carecemos de datos básicos imprescindibles para evaluar si se encuentran en un estado de conservación favorable o no. Desconocemos dónde se encuentran (su área de distribución), cuántos individuos componen las poblaciones y su tendencia (datos demográficos) y el estado de conservación de sus hábitats.
- La información disponible de al menos el 85 % de los taxones está obsoleta. La última referencia de 45 especies (el 47 % del CREA) es anterior al año 2000, para 35 (el 37 %) se sitúa entre el 2010 y el 2000 y de dos más no tenemos constancia de que estén en la Comunidad de Madrid. En definitiva, solo tenemos información reciente (posterior al 2010) del 13 % de las especies.
- Más del 40 % de las especies deben ser revisadas corológica y/o taxonómicamente. Por un lado, es necesario confirmar la presencia en la Comunidad de Madrid de 20 especies del CREA. Por otro, 18 taxones deben ser revisados y actualizados. En algunos casos el cambio no es solo de nomenclatura.
- En el catálogo figura incluso la planta acuática Azolla caroliniana, especie catalogada como alóctona invasora en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, para la que la Ley 42/2007 establece medidas para su erradicación.
- En estos 30 años el grado de conocimiento de la flora amenazada de España y de la Comunidad de Madrid ha avanzado enormemente. A escala nacional se han publicado dos Listas Rojas (en 2000 y 2008), un Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España (2004) y sucesivas adendas que las complementan (2006, 2008, 2010 y 2017), y se ha completado Flora Ibérica. En el ámbito autonómico, se han publicado varias tesis doctorales y diversos artículos científicos.
Con toda esta información se constata que habría que descatalogar al menos 8 especies y que deberían estar protegidas un número no inferior a 10, actualmente no incluidas en el catálogo.
La Administración incumple su propia ley
La Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid en su Artículo 9 y Disposición Final Segunda establece que la Administración autonómica responsable debe elaborar un plan de gestión para cada especie incluida en el CREA en un plazo máximo de 2 años.
A día de hoy, 30 años después de vigencia del catálogo, no se ha aprobado ninguno de estos planes. Esto supone un flagrante y continuado incumplimiento de la ley por parte de las sucesivas Administraciones.
Por tanto, como conclusiones, podemos afirmar que:
- El CREA de la Comunidad de Madrid está obsoleto y por tanto requiere una revisión en profundidad.
- No están protegidas todas las especies que lo necesitan y otras deben ser excluidas.
- Desde 1994 las sucesivas Administraciones responsables no cumplen la ley, ya que no se han elaborado los planes de gestión preceptivos.
- Se invierte poco o nada en el conocimiento de las especies de flora protegidas.
- Sería deseable la actualización del catálogo autonómico y también la armonización de las categorías de acuerdo con las establecidas en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad actualmente en vigor.