Los regantes llevarán a la Justicia el recorte del trasvase, fruto de «la visceralidad de Ribera»
Durante la concentración de este martes han lanzado lemas como «¡agua para Levante!» y han pedido la dimisión de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera
Un regante sostiene una pancarta durante una concentración para evitar que recorten el trasvase Tajo-Segura. | Europa Press
El presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, ha indicado que los regantes denunciarán en el Tribunal Supremo el recorte del trasvase Tajo-Segura que contempla la nueva planificación hidrológica aprobada este martes por el Consejo de Ministros por «la visceralidad de Ribera».
Así lo ha indicado Jiménez en declaraciones a Europa Press en la concentración frente al Palacio de la Moncloa este martes convocada para pedir al Ejecutivo, que estaba reunido a esa hora en el Consejo de Ministros, que no aprobase el Real Decreto que revisa una docena de planes hidrológicos y que contempla el establecimiento de un caudal ecológico mínimo, también y por primera vez en el Tajo, lo que supone un recorte del trasvase Tajo-Segura.
En la concentración, a la que han asistido unas 500 personas según la organización y algo menos de 150 según la Delegación del Gobierno, los regantes han lanzado lemas como «¡agua para Levante!» y han pedido la dimisión de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, cuyo departamento ha dirigido la revisión de la planificación hidrológica, que se ha aprobado con más de un año de retraso según los requerimientos de la Unión Europea.
Era su último intento para tratar de frenar una planificación que consideran lesiva para el Levante porque reducirá en más de 100 hectómetros cúbicos la capacidad de riego en la huerta de Europa.
Sin embargo, el Real Decreto ha salido adelante en el seno del Ejecutivo, según ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y que a continuación ha explicado la propia Ribera.
Al término del Consejo de Ministros, el presidente del SCRATS ha denunciado a Europa Press que la nueva planificación para el periodo 2023-2027 no ha tenido en cuenta ni las alegaciones de los regantes, ni las consideraciones del Consejo Nacional del Agua ni del Consejo de Estado. «Contra una voluntad fanatizada es muy difícil luchar», ha lamentado.
«La ministra se ha puesto de espaldas de propios y extraños», considera Jiménez, quien vaticina «meses largos de lucha en los tribunales» y, a partir de ahora, de comunicación a los 81 pueblos con regantes en el Segura, a los que explicarán uno a uno lo que supone la decisión de «esta ministra a la que le ha podido más la visceralidad».
Así, asegura que «el recorte está aprobado» y tilda de «sueños» y «promesas electorales» las afirmaciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha garantizado que con la puesta en marcha de distintas medidas los regantes dispondrán de aquí a 2027 de 140 hectómetros cúbicos, frente al máximo de 70 a 110 hectómetros cúbicos que se perderán con el recorte del trasvase derivado del establecimiento de caudales ecológicos mínimos en el Tajo, de 7 hm3 en 2023 y de 8,65 hm3 en 2026.
Para el representante de los regantes, las cifras ofrecidas este martes por Ribera no son más que «promesas electorales» con números que «no aparecen en el plan de cuenca del Segura».
Jiménez ha invitado a consultar el plan del Segura para ver con un «rápido vistazo» que en los borradores de 2021 el plan de cuenca reconocía una necesidad de 91 hectómetros cúbicos más y calificaba como «inasumible» el recorte que planteaba la ministra. De hecho, de los recursos de desalación que se estimaban necesarios, asegura que el 88% de ellos ya están allí y afea a la vicepresidenta de no haber generado «ni un solo hectómetro cúbico nuevo a pesar de sus promesas».
«Invenciones» de ministra
Además, ha advertido de que el propio plan del Segura contempla para 2027 un déficit estructural de agua será de 390 hectómetros cúbicos con un agua desalada «no existe». «La oferta con promesa electoral de 38 hectómetros cúbicos es una tirita y un chiste cruel para el futuro de las poblaciones», ha criticado.
A su juicio, la vicepresidenta Ribera «lanza botellas de humo para confundir a la gente» porque considera que los 150 millones de metros cúbicos de agua desalada «están en su invención; son una mentira y una promesa en periodo electoral».
De ellos, 38 hectómetros cúbicos ya están creados; la desaladora de Torrevieja tiene una capacidad de ampliación de 40 hectómetros cúbicos, de los que más de la mitad son para abastecimiento; Águilas admite una ampliación de 10 hm3 y Valdelentisco, otros 15 hectómetros cúbicos. «El resto son sueños, sueños y más sueños y promesas de un río de dinero que no sabemos de donde va a llegar», ha denunciado.
Ante esta situación, ha anunciado que SCRATS va a iniciar el camino de la lucha para lo que en el mes de marzo celebrará una asamblea con puertas abiertas para facilitar una afluencia masiva en la que se explicará las repercusiones de «lo que la ministra ha hecho».
«Vamos a dar la batalla legal porque esta señora se ha saltado por lo alto lo que ha dicho su equipo técnico, lo que ha dicho el Consejo Nacional del Agua y lo que ha dicho el consejo de Estado. Se ha atrincherado», ha manifestado.
Según ha añadido en declaraciones a Europa Press en su viaje de vuelta a Murcia, tras participar en una manifestación frente al Palacio de la Moncloa para pedir al Consejo de Ministros que no aprobase el Real Decreto que revisa los planes de cuenca, en este momento ya están trabajando desde hace días en el recurso contencioso-administrativo y ahora estudiarán el texto definitivo que publicará el Boletín Oficial del Estado.
Además, tratarán de coordinar su recurso con otras administraciones como la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, la Junta de Andalucía, la Diputación de Alicante y con todo el sector agrícola.
Finalmente, ha afirmado que la única promesa cumplida es la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien afirmó en Albacete al principio de la legislatura que iba a darle «un tajo importante al Tajo-Segura».
