Transición Ecológica permite la tala de 116 hectáreas para instalar 22 parques eólicos
El proyecto recibe críticas por parte de varias organizaciones por su posible impacto ambiental
Parque eólico. | Carlos Castro (Europa Press)
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado la ocupación de 116 hectáreas de bosque en la provincia de Teruel para la construcción del Clúster Maestrazgo, un macroproyecto que incluirá la instalación de 22 parques eólicos, junto con infraestructuras de evacuación y accesos para transporte especializado.
Según la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, el área afectada incluye bosques de coníferas y caducifolios, pero no se ha precisado el número exacto de árboles que serán talados. El anteproyecto presentado por los promotores indica que se trata de una intervención considerable, puesto que ocupa 116 hectáreas.
El Clúster-Maestrazgo se desarrollará en zonas rurales de la comarca del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, afectando a diferentes municipios como Cantavieja, Fortanete, Villarluengo, Mirambel y Puertomingalvo, entre otros. La evacuación de la energía producida se canalizará a través de infraestructuras específicas hasta la SET Morella 400, una subestación de la Red Eléctrica de España ubicada en Castellón.
Además de los parques, el proyecto incluye la construcción de infraestructuras auxiliares como subestaciones transformadoras y carreteras adaptadas para transportar los aerogeneradores, lo que afectará a una superficie superior a las 70.000 hectáreas, según sostiene el estudio de impacto ambiental.
Críticas y preocupación por el impacto ambiental
Este proyecto de parques eólicos está siendo objeto de diversas críticas por parte de varias organizaciones y movimientos que alertan sobre el impacto ambiental que podría generar. Entre las principales preocupaciones se encuentran los posibles daños a espacios naturales protegidos, como la Red Natura 2000 y las zonas de especial protección de aves (ZEPA), así como un geoparque de la UNESCO que se encuentra en el Maestrazgo.
Estas críticas provienen de entidades como Teruel Existe, Greenpeace España y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, que han señalado que este proyecto eólico podría alterar de manera irreversible los ecosistemas. A pesar de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) menciona que el impacto sobre los hábitats es moderado y establece medidas para la restauración de los mismos, las organizaciones continúan cuestionando algunos aspectos de este proyecto.
El Tribunal Superior de Galicia paraliza 62 complejos eólicos
Durante el pasado mes de noviembre, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acordó la suspensión cautelar de tres proyectos de parques eólicos: Penas Boas, Orballeira y Fial das Corzas. La decisión se fundamentó en la posibilidad de que su ejecución provocara daños irreversibles en el entorno.
Hasta la fecha, el TSXG ha emitido un total de 151 solicitudes de suspensión de autorizaciones para la construcción de 67 parques eólicos, de los cuales 62 ya han sido suspendidos. El tribunal ha justificado estas decisiones alegando que si estos proyectos se llevaran a cabo ocasionarían daños medioambientales que podrían ser muy graves.
En el caso del parque eólico Penas Boas, ubicado en los municipios de Aranga, Oza-Cesuras y Coirós en A Coruña, los jueces han señalado que las pruebas periciales indican un impacto irreversible sobre ciertos valores ambientales si se llevara a cabo la construcción del parque. Este impacto haría que una posible sentencia futura fuera ineficaz, ya que los daños estarían ya causados. Por esta razón, el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia argumenta que, aunque el desarrollo de energías renovables es un interés general, este no puede prevalecer sobre la protección del medio ambiente, tal como establece el artículo 45 de la Constitución, que obliga a suspender cualquier acto administrativo que cause daños irreparables a los valores naturales.
El parque eólico Orballeira, ubicado en A Rúa, Vilamartín de Valdeorras (Ourense) y Quiroga (Lugo), también ha sido objeto de suspensión cautelar debido al riesgo de daño medioambiental. El TSXG se apoya en sentencias previas del Tribunal Supremo que han establecido la prioridad del interés público ambiental sobre el suministro eléctrico, especialmente cuando se trata de proteger espacios naturales. Además, en el caso del parque Fial das Corzas, en los ayuntamientos de Laza y Vilar de Barrio (Ourense), el tribunal destacó que algunas infraestructuras del proyecto coinciden con zonas de alta sensibilidad ambiental y que algunos aerogeneradores están ubicados demasiado cerca de las viviendas, incumpliendo las distancias recomendadas.
