La profesora que usa el derecho internacional para impulsar la justicia climática

En 2019, en la Universidad del Pacífico Sur (USP), de la República de Vanuatu, un grupo de estudiantes de Derecho decidió llevar sus preocupaciones sobre la degradación ambiental ante las cortes internacionales. La iniciativa dio origen a la Campaña Pacific Islands Students Fighting Climate Change (Pisfcc, estudiantes de las islas del Pacífico en lucha contra el cambio climático), que impulsó a Vanuatu a encabezar una coalición de Estados para solicitar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su primera opinión consultiva sobre las obligaciones jurídicas de los países frente a la crisis climática. 

Vanuatu presentó además una solicitud similar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), marcando un precedente histórico, ya que ninguna de las dos cortes había emitido una opinión sobre la responsabilidad de la comunidad internacional, y en particular la de los mayores contaminadores, ante el cambio climático. 

La doctora Margaretha Wewerinke-Singh, profesora titular de Derecho de la Sostenibilidad en la Universidad de Ámsterdam y profesora adjunta de Derecho en la Universidad de Fiyi, codirigió el equipo jurídico que llevó ambos procedimientos consultivos ante los tribunales internacionales. 

Los Estados que contaminan podrían pagar 

El 23 de julio de 2025, la CIJ dictaminó una opinión consultiva en la que afirmó que «un medioambiente limpio, saludable y sostenible es una condición previa para el disfrute de muchos derechos humanos». Además, estableció que los grandes contaminadores deben aumentar sus esfuerzos para afrontar el cambio climático y que los emisores históricos, los países que han quemado combustibles fósiles durante más tiempo, tienen una mayor responsabilidad a la hora de abordar la crisis climática y limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

Wewerinke-Singh señala que la Corte aclaró que «los Estados tienen obligaciones vinculantes, tanto en virtud de los tratados como del derecho internacional consuetudinario, para proteger el sistema climático».

Notablemente, el tribunal subrayó que los países que no adopten medidas para combatir el cambio climático y frenar la producción y el consumo de combustibles fósiles pueden estar incumpliendo el derecho internacional. En consecuencia, podrían tener la obligación de indemnizar «a los Estados perjudicados en forma de restitución, compensación y satisfacción», si se demuestra un nexo causal entre «el hecho ilícito y el daño».

Como explica la jurista, la CIJ dejó claro que los Estados no pueden tratar la acción climática como algo voluntario o simbólico, ya que el derecho internacional los obliga jurídicamente a actuar con ímpetu para proteger el medio ambiente. 

Para la nación insular de la República de Vanuatu, que, según la revista Climática, enfrenta «un serio riesgo de desaparecer como consecuencia de la subida del nivel del mar», lograr el reconocimiento de una responsabilidad internacional frente al calentamiento global es una cuestión de supervivencia. 

Luchar por la sostenibilidad es luchar por los derechos humanos

El caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también delineó los derechos de las naciones más vulnerables al cambio climático y las responsabilidades de la comunidad internacional, explica la doctora Wewerinke-Singh. 

El proceso concluyó con la emisión de una opinión consultiva, que, según la profesora, «reconoce la emergencia climática como un problema de derechos humanos y detalla los deberes de los Estados de prevenir, mitigar y reparar los daños climáticos», subrayando que los Estados tienen la responsabilidad de «proteger los derechos de las personas más expuestas, incluidos los pueblos indígenas, los niños y las generaciones futuras».

Para Wewerinke-Singh, la sostenibilidad y los derechos humanos van de la mano: «la sostenibilidad marca el horizonte, vivir bien dentro de los límites ecológicos, mientras que los derechos humanos aportan la brújula». Añade que «los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, la cultura y la autodeterminación se ven afectados por la degradación ambiental». 

El compás para la preservación ambiental

La jurista sostiene que estos dictámenes internacionales son fundamentales para las naciones insulares que «se encuentran en primera línea del riesgo climático pese a ser las que menos contribuyen a la crisis». Para estos países, explica, «estas decisiones refuerzan la base jurídica para solicitar apoyo, dar forma a las negociaciones y exigir responsabilidades». 

Además, destaca el impacto que ha tenido trabajar en lugares como Vanuatu sobre su enfoque investigativo, al haber presenciado el valor de la gobernanza impulsada por las comunidades locales y de las normas tradicionales que regulan su vida colectiva.

Por ello, subraya la importancia de promover «estrategias jurídicas que sitúen esas voces en el centro de los foros regionales e internacionales», ya que escuchar a quienes viven de primera mano los impactos del cambio climático es esencial para combatirlos. 

Estas experiencias también le hicieron ver la necesidad de concebir «soluciones que respondan a las realidades sobre el terreno, como el aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y la pérdida de cultura y territorio». 

El potencial del derecho internacional

La doctora Margaretha Wewerinke-Singh explica que se sintió atraída por el derecho debido a su potencial para promover la justicia social. Explica que «en el ámbito de la justicia ambiental, el derecho tiene una capacidad única para traducir el conocimiento científico y las experiencias vividas en obligaciones exigibles y soluciones concretas».

Su enfoque en este objetivo la ha llevado a formar colaboraciones académicas como el Instituto Climático Seven de la Universidad de Ámsterdam, donde las siete facultades de la institución trabajan para desarrollar soluciones climáticas justas y viables. Afirma que el propósito es convertir «el conocimiento académico en políticas y prácticas capaces de proteger a quienes corren mayor riesgo, mientras se acelera la descarbonización y se refuerza la resiliencia». 

Wewerinke-Singh también trabaja en el despacho de abogados Blue Ocean Law, con sede en Guam, desde donde ofrece asesoramiento estratégico y representación legal a personas y ecosistemas afectados por el cambio climático. En este ámbito, se centra en «la intersección entre la justicia climática, los derechos humanos y la gobernanza de los océanos». 

Para ella, el derecho es una herramienta poderosa para combatir injusticias ambientales, aunque también puede perpetuarlas. «Trabajar junto a comunidades que enfrentan las cargas desiguales del daño ambiental me dejó claro que las normas jurídicas, especialmente aquellas relacionadas con la responsabilidad, la participación y la rendición de cuentas, pueden arraigar la injusticia o ayudar a desbloquear caminos más justos hacia la sostenibilidad», mantiene. 

Por esta razón, sus investigaciones se centran en analizar «cómo el derecho internacional, correctamente interpretado y aplicado, puede impulsar un cambio transformador, respetando la dignidad humana y ‘más-que-humana’». 

Los tribunales marcan el camino 

Aunque estemos en medio de una crisis climática, la especialista mantiene la esperanza de que la justicia ambiental es alcanzable. «Me anima la convergencia de distintos movimientos, jóvenes, líderes indígenas, ciudades y profesionales de la salud, que exigen acciones respetuosas de los derechos humanos, así como la evolución en la claridad de la ley».

A su juicio, las opiniones recientes de los tribunales internacionales demuestran «que las cortes están preparadas para articular lo que la justicia exige y para orientar a los Estados en esa dirección».

Los esfuerzos de la doctora Margaretha Wewerinke-Singh y de las naciones líderes en este ámbito, como la República de Vanuatu, demuestran que es posible usar el derecho para proteger nuestro planeta. «Cuando las comunidades, los científicos y los abogados trabajan juntos, la ley puede transformar la urgencia moral en un cambio medible», concluye.