Alemania ofrece hasta 3.000 euros a los solicitantes de asilo rechazados para volver a su país
El Gobierno alemán quiere incentivar el retorno voluntario de los solicitantes de asilo rechazados con un «apoyo a la reintegración» en sus países de origen de hasta 3.000 euros.
El Gobierno alemán quiere incentivar el retorno voluntario de los solicitantes de asilo rechazados con un «apoyo a la reintegración» en sus países de origen de hasta 3.000 euros, ha informado el dominical Bild am Sonntag.
El ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière, ha afirmado en este diario que «existen perspectivas» en los países de origen de los peticionarios y ha hecho un llamamiento para que hagan uso de esta oferta. «Les apoyamos con ayudas concretas para su reintegración. Si se deciden por un retorno voluntario hasta finales de febrero, pueden recibir además de la ayuda inicial, un apoyo a la vivienda en su país de origen para los doce primeros meses», ha precisado.
Así, los solicitantes de asilo rechazados, procedentes de más de cuarenta países, entre ellos Siria, Irak y Turquía, pueden recibir ayudas por un valor de hasta 3.000 euros por familia y de hasta 1.000 euros por persona si presentan su solicitud hasta el 28 de febrero próximo. El gobierno pretende que las familias destinen este dinero al alquiler de viviendas, para obras de construcción o renovación o para el equipamiento básico de cocina o baño.
Hasta el momento, los solicitantes que abandonaban Alemania voluntariamente mientras todavía estaba en proceso su solicitud recibían a su salida 1.200 euros. En el caso de los menores de 12 años, se les ofrecía 600 euros, por lo que una familia de madre, padre e hijo podía recibir 3.000 euros. Con el nuevo incentivo, esta cifra se podrá doblar.
Sin embargo, entre febrero y octubre de este año, 8.639 solicitantes hicieron uso de esta ayuda inicial a los retornos voluntarios. De los 115.000 solicitantes de asilo rechazados, 80.000 viven todavía en Alemania. En el caso de los 35.000 restantes, la obligación a abandonar el país es legalmente vinculante.
Las expulsiones son difíciles de llevar a cabo, con frecuencia por la ausencia de documentos de identidad de los solicitantes, por la falta de cooperación de los países de origen y porque cada deportación va acompañada de elevados costes de personal y de viaje, ha subrayado el diario. Entre enero y septiembre fueron expulsados un total de 19.520 personas, informa Efe.