Juana Rivas entrega a sus hijos a su expareja en Italia
Juana Rivas ha entregado este jueves sus dos hijos, de 12 y cuatro años, a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, en una comisaria de Cagliari, la capital de Cerdeña, después de que el domingo se negara a devolvérselos.
Juana Rivas ha entregado este jueves sus dos hijos, de 12 y cuatro años, a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, en una comisaria de Cagliari, la capital de Cerdeña, después de que el domingo se negara a devolvérselos.
La entrega se ha producido después de la reunión de Juana Rivas el miércoles con el cónsul general de España en Roma, Luis Fernández Cid, en Cagliari, y después de haber tenido que comparecer de nuevo ante la Policía para declarar sobre la denuncia que interpuso contra Arcuri por supuestos malos tratos al menor de sus dos hijos.
Arcuri, quien tiene la custodia provisional de los pequeños desde agosto de 2017, volverá ahora con sus hijos al municipio italiano de Carloforte, en la isla de San Pietro, al sur de Cerdeña, donde residen habitualmente, informa Efe.
El domingo, Juana Rivas no entregó a sus hijos a su expareja e interpuso una denuncia contra él por presuntos malos tratos contra el menor de los niños. El padre de los niños los entregó el viernes y la madre descubrió, según la denuncia, un hematoma en la espalda del pequeño. Rivas acusa a Arcuri de golpear al niño contra los barrotes de una cama, mientras que el padre asegura que fue un accidente en el que no tuvo nada que ver.
El día 21 de octubre, El Centro de la Mujer de Maracena remitió un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores para justificar la negativa de Juana Rivas a entregar a sus hijos, según informa el diario ABC. En dicho informe se incluyen cartas escritas por el mayor de los hermanos, que describe la convivencia con su padre como «una peli de miedo», asegura el diario.
Rivas, condenada a cinco años de prisión y seis sin la patria potestad de sus hijos por sustracción de menores en España, ha solicitado como “medida cautelar urgente” que los niños vayan a una “casa familia”, un centro público para casos en los que hay riesgo de violencia, mientras la autoridad judicial examina la denuncia y su fundamento.