La Fiscalía pide seis años para excúpula de iDental y multas de hasta 90 millones de euros

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide penas de seis años de cárcel para los cinco máximos responsables del Grupo iDental por un fraude a la Seguridad Social, valorado en 23,6 millones de euros, y de tres años para dos colaboradores, así como multas que van de los 3,5 millones a los 90,3 millones de euros.

La Fiscalía, que ha considerado a todos ellos responsables de un delito continuado contra la Seguridad Social perpetrado entre 2015 y 2018, ha solicitado las máximas penas de seis años y multa de 46,1 millones de euros para Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco. La misma pena de cárcel que reclama también para Luis Sans y los hermanos José María y Juan Garrido López, a los que ha pedido abonar 90.304.807 euros de multa. Los dos colaboradores, José Luis González Sánchez y Domingo Bejarano, a los que considera cooperadores necesarios en el delito, se enfrentarán por su parte a tres años de prisión, y multas de 41,9 y 3,2 millones de euros, respectivamente.

Para la Fiscalía se ha producido «un perjuicio millonario a las arcas de la Seguridad Social que se empezó a acumular con la gestión de los acusados Antonio García Pellicer y Vicente Castañer Blasco cuando ocupaban los cargos de responsabilidad en las empresas que conforman el Grupo iDental«.

La causa distingue dos etapas en el fraude de iDental: una primera en la que se acumularon 8,5 millones de deuda y una segunda en que llegó hasta los 16,6 millones de euros. A esto suma un tercer periodo, cuando se trató de repetir la estafa con el Instituto Odontológico Asociados (IOA) en el que los impagos fueron de 1,7 millones.

Según el Juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, el grupo iDental empezó a acumular irregularidades cuando García Pellicer y Vicente Castañer ocupaban los cargos de responsabilidad en sus empresas y que continuaron creciendo tras el relevo de estos. En la causa que se sigue por este fraude en la gestión de iDental, el juez de la Mata requirió a decenas entidades financieras que cesaran de reclamar a los afectados la devolución del dinero que abonaron por unos tratamientos que no llegaron a recibir o que quedaron interrumpidos.