Desmantelan una red de empadronamientos ficticios en Cádiz con tres personas detenidas
El esquema facilitaba a extranjeros la obtención de permisos de residencia y trabajo falsos a cambio de 500 euros
Policía Nacional. | Archivo
La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de tres individuos en Algeciras, Cádiz, y actualmente investiga a una cuarta persona. Estas acciones se enmarcan dentro de una operación contra una red que presuntamente cobraba entre 300 y 500 euros por realizar empadronamientos ficticios. Este esquema facilitaba a personas extranjeras la obtención de permisos de residencia y trabajo en España, incurriendo en delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular.
Iniciada en abril de 2024, la investigación policial se centró en un notable aumento de empadronamientos sospechosos en domicilios particulares de la ciudad. Uno de estos domicilios, una vivienda en ruinas ubicada en el barrio de La Bajadilla, estaba registrado como el hogar de 15 personas, en su mayoría de origen extranjero, que no tenían vínculos laborales, sociales o afectivos en Algeciras.
Se ha comprobado que al menos 13 de estas personas nunca residieron en el domicilio indicado y habrían pagado hasta 500 euros por un empadronamiento que luego usarían para tramitar sus permisos de residencia y trabajo. Los detenidos, dos de los cuales actuaban como intermediarios, facilitaban los contactos iniciales en cafeterías de la ciudad, donde se realizaba el intercambio de dinero y documentación necesaria para formalizar el empadronamiento en la Oficina del Padrón Municipal de Algeciras.
Como resultado de las investigaciones y operativos policiales, se procedió a la detención de tres personas implicadas en esta trama y se instó al Registro Municipal a dar de baja a las personas empadronadas de manera fraudulenta. Estos empadronamientos ficticios son utilizados por individuos en situación irregular para cumplir con los requisitos de permanencia en el país.
La Policía Nacional ha subrayado que estas prácticas no solo son ilegales, sino que constituyen infracciones graves de la Ley de Extranjería. Las sanciones aplicables pueden oscilar entre multas de 501 a 10.000 euros. En los casos más graves, las personas implicadas podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta tres años, según lo establecido en el Código Penal.
