Cuatro detenidos en Lérida por realquilar pisos okupados a personas vulnerables
La policía catalana imputa a los detenidos, que forman parte de un grupo liderado por el principal agresor a seis agentes
Imagen de los Mossos d' Esquadra. | Europa Press
Los Mossos d’Esquadra han detenido en Lleida a tres hombres y a un menor de 16 años por realquilar pisos okupados a personas vulnerables en el barrio de La Mariola. La policía catalana imputa a los detenidos -que forman parte de un grupo liderado por el principal agresor a seis agentes en abril- los delitos de amenazas, coacciones, allanamiento de morada, robo con fuerza, pertenencia a grupo criminal y uno de ellos también por delito de lesiones.
La investigación comenzó en junio, cuando agentes de los Mossos se personaron en un bloque de la calle Júpiter, en el barrio de la Mariola, para resolver un incidente y encontraron a tres hombres que les explicaron que habían sido agredidos por personas del barrio que ya se habían marchado del lugar. Uno de ellos necesitó puntos de sutura.
Los agredidos explicaron que un hombre les había alquilado un piso hacía unos tres meses y que habían hecho un pago inicial de 1.000 euros. Posteriormente, supieron que se trataba de una vivienda ocupada que estaba siendo realquilada de forma fraudulenta. Los investigadores constataron que, efectivamente, se trataba de un piso ocupado, propiedad de una empresa domiciliada en Madrid.
Un grupo muy agresivo
A partir del pago inicial, el grupo les había reclamado dinero hasta que se presentaron diez personas muy agresivas, algunas armadas con machetes, bates de béisbol y una de ellas con una muleta. Las personas que les habían agredido también bloquearon la puerta del piso y se habían llevado todo lo que tenían, un televisor, lavadora, nevera, un teléfono y su ropa.
Las víctimas explicaron que se habían marchado de la Mariola porque temían por su integridad, al tener conocimiento de que se trataba de un grupo de personas violentas que ya habían causado otros incidentes en el barrio. Los Mossos remarcan que, a pesar de las amenazas, coacciones y arbitrariedades en los importes mensuales que reclamaba este grupo, dada la situación precaria de los inquilinos difícilmente la policía recibe denuncias de este tipo.