Muere el empresario español acusado de espiar a Julian Assange para la CIA
La Fiscalía solicitó 13 años de cárcel para David Morales
Gao Jing | (Xinhua News) | Julian Assange
El empresario español David Morales, investigado por su presunta implicación en una trama de espionaje contra Julian Assange, ha fallecido, según ha informado el diario ABC. Morales estaba siendo investigado por la justicia española por supuestamente haber organizado un sistema de vigilancia clandestina contra el fundador de WikiLeaks durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres.
Morales era propietario de la empresa de seguridad UC Global, que se encargaba de la protección de la embajada ecuatoriana en la capital británica en los años en que Assange permaneció allí refugiado para evitar su extradición. El activista australiano vivió en esa sede diplomática entre 2012 y 2019, periodo en el que la empresa española tenía acceso a las instalaciones y a los sistemas de seguridad del edificio.
La investigación judicial sostiene que durante ese tiempo se habrían grabado reuniones privadas del fundador de WikiLeaks con abogados, periodistas y colaboradores. Según las acusaciones, la información obtenida por la empresa habría sido entregada a terceros, presuntamente a servicios de inteligencia estadounidenses. El caso fue instruido en la Audiencia Nacional, que durante años investigó posibles delitos relacionados con revelación de secretos y otras infracciones vinculadas al espionaje.
La Fiscalía llegó a solicitar para Morales más de 13 años de prisión por varios delitos, entre ellos descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. Los abogados de Assange, que ejercían la acusación particular, reclamaban incluso penas superiores por el presunto espionaje durante el tiempo en que el activista permanecía refugiado en la embajada.
El caso tuvo repercusión internacional debido a la posible vulneración del derecho de defensa del fundador de WikiLeaks, ya que las supuestas grabaciones habrían incluido conversaciones con sus abogados. La investigación judicial se inició tras revelaciones periodísticas sobre la existencia de audios y vídeos obtenidos por trabajadores de la empresa de seguridad.