El Supremo rastrea los pinchazos del 1-O para indagar el papel de los 'jordis'

El Tribunal Supremo rastrea los pinchazos que autorizó el juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum del 1-O para averiguar la implicación del exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en las movilizaciones independentistas y las reuniones sobre el procés, informa Efe. Según consta en el sumario, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha remitido al Supremo el contenido de dos llamadas intervenidas a los imputados Josep Maria Jové, ex número dos de Oriol Junqueras en la vicepresidencia del Govern, y del expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver i Pi Sunyer, con referencias a los jordis, que llevan más de 100 días en prisión.

El juez de Barcelona ha cumplido así un requerimiento que le planteó la sala segunda del Supremo, a instancias del magistrado Pablo Llarena, que le pidió que le remitiera la transcripción de ambas llamadas, así como una copia de la agenda intervenida a Jové, en la que éste anotó las reuniones y los planes del núcleo duro del proceso independentista. Además de la copia de la agenda, el juez de Barcelona también ha trasladado al Supremo el contenido de las dos conversaciones intervenidas, una del 7 de agosto entre Jové y el empresario Oriol Soler, considerado uno de los ideólogos del proceso independentista, y otra del 23 de septiembre entre Viver y la exjefa de los servicios jurídicos de la Generalitat Margarida Gil.

En la primera llamada, Soler llamó el 7 de agosto a Jové para pedirle una cita para verse muy rápidamente, ya que esa misma mañana tenía una reunión con Cuixart y Sànchez y para tratar de un asunto «del que ya habían hablado anteriormente» y no podía acudir al encuentro sin previamente preguntarle «una cosa» para saber «qué es lo que les tenía que contar», según detalla la Guardia Civil en un informe remitido al juez. En esa misma conversación, Soler le indicó al número 2 de Junqueras que después de reunirse con los jordis tenía «la del Roures», quien según la Guardia Civil podría tratarse del fundador de Mediapro, Jaume Roures, que habilitó en su sede en Barcelona el centro donde el Govern hizo las ruedas de prensa el 1-O. «No quiero que andemos vendidos, no quiero que le vayamos poniendo cosas sobre la mesa sin tenerle un poco controlado», sostenía Soler, ante lo que Jové aceptó reunirse con él de forma inmediata, menos de media hora después de acabar la llamada.

En la otra conversación, del 23 de septiembre, Viver cuenta a Margarida Gil, exjefa de los servicios jurídicos de la Generalitat y esposa del exconseller de Interior Jordi Jané -que ya había abandonado el gobierno catalán cuando se produjo la llamada- que Jordi Cuixart le había dicho que en esos días no debían entrar en la «escalada de provocación», tras el asedio a la comitiva judicial que tres días antes había registrado la consellería de Economía. Según Viver, Cuixart le dijo que «no debía haber manifestaciones ni nada», de lo que la Guardia Civil deduce que el objetivo del movimiento independentista en esos días era mantener la calma tras las protestas por el registro en Economía, ya que no querían nuevas concentraciones que pudieran dar una «mala imagen» del soberanismo catalán.

En un informe remitido al juez de Barcelona, la Guardia Civil sostiene que en la conversación Viver reconoce de manera implícita cómo Jordi Cuixart es la persona «encargada de organizar los movimientos sociales determinando cuándo se producen manifestaciones o concentraciones del independentismo catalán y cuándo no». En la conversación, que la Guardia Civil pudo interceptar porque el juez les autorizó a pinchar el teléfono de Viver, el arquitecto jurídico del proceso independentista apuntó que «eso de los Mossos puede derivar en cualquier cosa, porque Trapero había dicho que él no aceptaba». Según la Guardia Civil, Viver se refería a que el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, destituido el pasado 28 de octubre e imputado por sedición en la Audiencia Nacional, no aceptaba la coordinación del dispositivo del 1-O a cargo del coronel y de la Guardia Civil y cargo del Ministerio de Interior Diego Pérez de los Cobos.