El Supremo ratifica la condena al PP por la trama Gürtel

Política y conflictos

El Supremo ratifica la condena al PP por la trama Gürtel
Foto: Triplecaña| Wikimedia

El Tribunal Supremo, dos años después de la sentencia de la Audiencia Nacional, confirma que el Partido Popular y algunos de sus integrantes se beneficiaron del dinero de la trama Gürtel. El principal partido de la oposición tendrá que devolver los casi 250.000 euros con los que financió ilegalmente sus campañas en Madrid. La exministra Ana Mato, por su parte, los cerca de 30.000 euros en regalos, fiestas y viajes.

Más detalles: las campañas electorales en Pozuelo y Majadahonda de 2003, que el PP financió con esos 245.492 euros, fueron el epítome del entramado de corrupción orquestado por el PP. En Majadahonda, por ejemplo, se amañaron 13 contratos por un valor superior a los 50 millones de euros.

Recordemos que el entramado estaba liderado por Francisco Correa –su apellido, traducido al alemán, puso nombre al caso– y que esta sentencia apela a la primera época –entre 1999 y 2005–.

El Supremo no toca los 51 años de prisión que corresponden a Correa, aunque sí rebaja de 36 años a 29 a Pablo Crespo [socio de Correa], apenas un mes al extesorero popular Luis Bárcenas –29 años–, y deja en 40 años la condena a Guillermo Ortega, alcalde de Majadahonda. Reduce a 12 años y 11 meses la condena a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y mantiene en 14 años la del exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, que fueron en su momento los principales condenados que no ingresaron en prisión, algo que ahora no podrán esquivar.

Por otro lado, la sentencia entra en consideraciones sobre los razonamientos jurídicos que dio la Audiencia Nacional hace unos años: interpreta que se excede en sus menciones a la famosa caja B del partido. Eso significa que las alusiones que perjudicaron a Mariano Rajoy, que sirvieron como pretexto a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para promover una moción de censura –la primera que terminó en éxito–, han sido rechazadas. ¿Por qué? El Supremo sostiene que la doble contabilidad no era objeto de juicio en este primer procedimiento.