El Supremo de EEUU se niega a revisar la deportación de decenas de inmigrantes

El Supremo de Estados Unidos ha rechazado este lunes revisar el caso de 64 mujeres y niños indocumentados de Centroamérica, respondiendo a la política de inmigración del presidente Donald Trump. Los mismos han demandado al Gobierno al considerar que se ha acelerado su proceso de deportación sin analizar bien sus peticiones de asilo, y sin defenderse debidamente ante un juez de inmigración.

Al negarse a analizar el caso, el Tribunal Supremo ha dejado en pie la sentencia de la instancia inmediatamente inferior, una corte federal de apelaciones con sede en Filadelfia que, en agosto de 2016, había dado la razón al Gobierno.

«Este es un golpe devastador para estas mujeres y niños, que ahora afrontan la perspectiva de ser devueltos al abuso y peligro del que escaparon», ha dicho el principal abogado de las familias afectadas, Lee Gelernt.

«El Gobierno todavía podría hacer lo correcto, si decide repetir su audiencia para que sea justa y liberarlos de la detención«, ha añadido el abogado, que es también el subdirector del proyecto sobre derechos de inmigrantes en la organización de derechos civiles ACLU.

Entre ellos hay una madre de El Salvador y su hija de dos años, que han huido del país para escapar del padre de la niña, quien ha violado a la mujer y amenazó con matarla, de acuerdo con la misma organización.

También están en el grupo, según ACLU, una mujer que ha huido de Honduras para escapar de un líder de pandilla que ha amenazado con matarla y secuestrar a su hijo de siete años si no se acostaba con él; y una salvadoreña que ha escapado junto a su hijo de las amenazas de muerte de una banda criminal.

Ese grupo de 29 mujeres centroamericanas y sus 35 hijos, llegados a Estados Unidos en 2015, ha demandado al Departamento de Seguridad Nacional, encargado de administrar la inmigración en el país, con el fin de que se revisara su proceso de deportación.

«Si no se concede el derecho a la revisión judicial (por parte de un tribunal federal) en casos como éste, el Gobierno podría deportar a cientos de familias que tienen derecho a asilo y forzarlas a volver al abuso, la violación o la muerte en sus países de origen», ha advertido ACLU.

En cambio, el fiscal general de EEUU en funciones, Jeffrey Wall, ha defendido en un escrito ante el Supremo que los extranjeros indocumentados detenidos en la frontera «no pueden invocar la Constitución para pedir que se apliquen medidas» como la audiencia ante un juez federal, porque no tienen ese derecho.