El chavismo pide enjuiciar a la fiscal ante sus críticas hacia las recientes medidas de Maduro
El diputado oficialista Pedro Carreño ha solicitado al TSJ iniciar el proceso de remoción de la fiscal contra quien también ha pedido la congelación cautelar de sus bienes.
El chavismo ha solicitado este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela enjuiciar a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y ha pedido la prohibición de su salida del país, luego de que esta emprendiera un conjunto de acciones contra un grupo de magistrados y la Asamblea Nacional Constituyente.
El diputado oficialista Pedro Carreño ha solicitado al TSJ iniciar el proceso de remoción de la fiscal contra quien también ha pedido la congelación cautelar de sus bienes.
Las medidas cautelares forman parte de una solicitud presentada ante el TSJ para que inicie el proceso de remoción de la titular del Ministerio Público y determine si hay razones para llevar a juicio a la funcionaria, ha dicho Carreño a los periodistas desde la sede del máximo tribunal.
A juicio del parlamentario, la fiscal ha incurrido en las faltas de «atentar, lesionar, o amenazar la ética pública y la moral administrativa»; «actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución»; y de «violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución».
La legislación venezolana establece que la remoción de los integrantes del Consejo Moral Republicano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del pueblo) está en manos de la Asamblea Nacional, con el previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ sobre una falta grave.
No obstante, el diputado no ha explicado cómo se completaría este proceso si se calificara la falta, ya que el Parlamento, en manos de opositores que ahora respaldan a la fiscal, está en supuesto desacato y sus actos son considerados nulos.
Carreño pide además que en base a esas faltas «se declare si hay mérito para su enjuiciamiento, es decir que no solo debe ser destituida sino que puede y debe ser enjuiciada».
El chavismo ha emprendido esta medida luego de que la fiscal solicitara la impugnación de la elección de 33 magistrados del Supremo por supuestos vicios en el proceso de elección cometidos por el Consejo Moral Republicano, instancia del Poder Ciudadano, del que ella hace parte, y en coordinación con el Parlamento.
La fiscal, hasta hace poco vinculada con el chavismo, se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de cambiar el ordenamiento jurídico con la convocatoria a una Constituyente.
Este proceso de cambiar el ordenamiento jurídico mantiene en Venezuela protestas en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. En la más reciente ha sido asesinado un joven de 22 años, Nelson Arévalo, herido en el cuello durante una manifestación en la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara (centro oeste).
Con la muerte de Arévalo se eleva a 74 el balance de víctimas mortales durante la oleada de manifestaciones que ha iniciado el pasado 1 de abril.
