Declarado inconstitucional el departamento catalán de Asuntos Exteriores

El Tribunal Constitucional ha prohibido este miércoles al gobierno independentista catalán tener un departamento de «Asuntos Exteriores» para promover su causa a escala internacional, señalando que esta denominación está reservada a la diplomacia estatal. El Alto Tribunal ha declarado la «inconstitucionalidad y nulidad» de la denominación «Asuntos Exteriores» ya que «podría dar lugar a confusión e interferir (…) en la política exterior española, que es competencia exclusiva del Estado», señala en un comunicado.

Además, aunque permite la acción exterior del gobierno regional, advierte de que esta no puede ir encaminada al establecimiento de «relaciones bilaterales» con otros países ni a la creación de una diplomacia pública catalana. La creación de este departamento, dirigido por el exeurodiputado Raul Romeva, fue una de las primeras acciones del presidente Carles Puigdemont al ser escogido en enero de 2016 para promover el independentismo en le extranjero. El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió la medida al Tribunal Constitucional, que suspendió cautelarmente el nombre y parte de sus funciones a la espera de un fallo definitivo.

Los independentistas ya rebautizaron el departamento como «Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores», aunque en actos internacionales se sigue presentando como un «ministerio de Asuntos Exteriores» catalán. «Es una cuestión nominal y no cambia nada respecto a lo que tenemos ahora», reaccionó Romeva en una radio catalana. Puigdemont quiere organizar un referéndum sobre su independencia el 1 de octubre, rechazado por Madrid y prohibido por el Tribunal Constitucional, que desde 2014 anula todas las decisiones tomadas desde Barcelona para permitir su organización.

Algunos líderes independentistas, como el expresidente Artur Mas, han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos por desobediencia al organizar en noviembre de 2014 un voto simbólico sobre la secesión. Esta vez Puigdemont quiere darle carácter vinculante y si gana el sí, cuenta con emprender la secesión de esta región de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española. Por su parte, Rajoy asegura repetidamente que esta votación no se producirá.