El gobierno alemán no vetará la extradición de Puigdemont

El gobierno alemán no vetará una posible decisión judicial de extraditar a España al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, como quieren sus abogados, según publica el semanario Der Spiegel.

El Ejecutivo de Angela Merkel considera que vetar la extradición sería una «afrenta jurídico-política hacia los estados federados«, que tienen transferidas las competencias de autorizar las extradiciones, apunta la revista citando fuentes gubernamentales.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado a Puigdemont por rebelión y malversación de fondos públicos en el marco de la investigación sobre el proceso soberanista. El político catalán, que lleva huido de la justicia española desde finales de octubre, fue detenido el pasado domingo en el norte de Alemania poco después de cruzar la frontera danesa y se encuentra en prisión, mientras la Fiscalía del estado de Schleswig Holstein estudia la euroorden española.

Eurooden

Una orden europea e internacional de detención en la que Llarena afirma que Puigdemont ignoró los avisos de la escalada de violencia en Cataluña si el 1 de octubre se celebraba el referéndum, según indica el magistrado en esa orden, a la que ha tenido acceso Efe. En ella recuerda que Puigdemont está procesado por un delito de rebelión, penado con hasta 25 años de cárcel, y otro de malversación de caudales, con una pena de hasta ocho años de prisión, dos infracciones penales por las que pidió su detención.

Según el relato del juez, los máximos responsables de los Mossos d’Esquadra se reunieron el 28 de septiembre con Puigdemont, con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y con el consejero de Interior, Joaquim Forn, para informales de que se preveía «una escalada de violencia, con brotes importantes de enfrentamiento» para el 1 de octubre.

«Los responsables del Gobierno presentes en esa reunión conocían sobradamente los riesgos de violencia», después de los incidentes ocurridos el 20 de septiembre ante la sede de la Consejería de Economía, cuando miles de personas impidieron la entrada de la Guardia Civil.

Pese a todo, continúa el magistrado, la decisión fue que la votación debía celebrarse ya que el objetivo final del govern era la independencia de Cataluña. «Dicha independencia era el objetivo que pretendía alcanzarse en todo caso; primeramente mediante un acuerdo pactado con el Gobierno español y, en caso contrario, de manera unilateral y forzando al Gobierno a asumir una situación de hecho que buscaba crearse. Para ambos supuestos contaban con utilizar la movilización popular«, añade el juez.