La familia de la asesinada Berta Cáceres denuncia su exclusión en el juicio

La familia de la activista medioambiental hondureña asesinada Berta Cáceres ha denunciado el inicio del juicio oral y público contra ocho acusados del crimen sin la participación de sus abogados.

El juicio empezó el sábado sin que estuviera presente la defensa de la familia y del Consejo de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (COPINH). Los abogados de las víctimas no se personaron porque habían impugnado legítimamente la actuación de los jueces mediante una recusación, un acto procesal al que se recurre cuando una parte considera que un juez no es apto o que su imparcialidad está en duda.

Al no personarse en el juicio, el tribunal dictaminó que los abogados de la familia y del COPINH «abandonaron el caso» sin tener en cuenta esta recusación, algo que no es cierto, ha declarado el hermano de Berta Cáceres, Roberto Cáceres, a AFP. El portavoz de la fiscalía, Yuri Mora, anunció que los abogados quedan definitivamente excluidos del juicio por abandono, y que la representación pasa a ser asumida por los fiscales.

Los abogados aseguran que los jueces no pueden garantizar un juicio justo después de que se negaran a exigir a la fiscalía todas las pruebas contra los ocho imputados, lo que les hizo sospechar de que su objetivo era exculpar a ejecutivos y socios de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Entre los ocho acusados se encuentra el gerente ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, y miembros del equipo de seguridad de la propia compañía energética.

El juicio por el asesinato de la activista medioambiental se suspendió por tercera vez el pasado viernes por las recusaciones presentadas por la defensa, que ya habían recurrido a esta figura jurídica el 17 de septiembre y el 15 de octubre. Paralelamente, el presidente ejecutivo de DESA, David Castillo, está siendo juzgado en un juicio aparte.

En el momento de su asesinato, Berta Cáceres se encontraba bajo el amparo de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de haber denunciado amenazas de muerte por parte del personal de DESA por organizar manifestaciones contra la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque. La dirigente indígena fue asesinada el 2 de marzo de 2016 por un grupo de hombres armados que irrumpieron en su casa de La Esperanza, en el oeste de Honduras.