Rull asegura que "no se gastó un euro público en la realización del referéndum" de autodeterminación

El exconseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de Cataluña, Josep Rull, ha negado tajantemente que se utilizara dinero público para la celebración del referéndum del 1-O y se ha rechazado cualquier participación directa o indirecta en actos de violencia. Tras la declaración de Rull ha seguido la de la exconsellera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, que ha reconocido que «el referéndum no fue nunca un acto concluyente para la independencia». Posteriormente ha declarado la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs, que ha insistido en que su firma no era necesaria y ha cargado la responsabilidad en el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. También ha sido interrogado el exconseller de Justicia Carles Mundó que, como Josep Rull, ha dicho que el referéndum no se financió con dinero público.

Antes del inicio del interrogatorio del exconseller, que ha comenzado la Fiscalía,  Rull ha expresando su protesta ante la denegación de la traducción simultánea por parte del tribunal. «Para mí, el derecho de poder usar mi lengua materna es un derecho fundamental y la traducción consecutiva que se nos ofrece vulnera ese derecho», ha manifestado antes de iniciarse el turno de preguntas por parte de la Fiscalía, que pide para él 16 años de cárcel.

«Desaparece el principio de oralidad, de espontaneidad y hace imposible mi derecho a poder expresarme libremente», ha añadido. «Este no es un tema menor», ha subrayado Rull, recordando que se piden para él penas de cárcel que van entre los 11 años y medio solicitados por la Abogacía del Estado y los 74 años de cárcel que pide la acusación particular representada en este caso por Vox. Al igual que el resto de los procesados que han declarado hasta el momento, Rull ha anunciado su intención de no contestar a las preguntas del abogado de «un partido de la ultraderecha», ha dicho.

«Con frecuencia tengo la sensación de que se ve la lengua catalana como una amenaza o un problema; ojalá se vea algún día como una riqueza», ha puntualizado Rull, a quien el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha contestado que la decisión adoptada por la Sala no tiene nada que ver con esa apreciación. «Nada más lejos de nuestra intención que sea vea nuestra decisión como una amenaza», ha indicado Marchena.

En el turno de preguntas por las partes, iniciado por la Fiscalía, Rull ha coincidido con las anteriores declaraciones de los procesasos al subrayar que el Gobierno catalán siempre defendió el imperio de la ley y el principio democrático.

A preguntas de la fiscal Rull ha reiterado en varias ocasiones que no hubo malversación de dinero público para organizar la consulta del 1 de octubre de 2017. «No se utilizó ni un euro público en la realización del referéndum» de autodeterminación.

En cuanto a los sucesos del 20 de septiembre, por los que fueron detenidos los dirigentes de Òmnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, Rull ha asegurado que él considera «un derecho de manifestación» lo que la Fiscalía califica de «tumulto». El exconsejero se ha declarado «pacifista» y contrario también a los escraches como medio de presión «vengan de donde vengan».

En su opinión, los únicos momentos de violencia que se vivieron procedieron de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante la jornada del referéndum. Algo que «era impensable que se pudiera producir en un Estado democrático», ha puntualizado y repetido a lo largo de la mañana.

La segunda semana del juicio del procés comenzó el martes con la declaración del exconseller de Presidencia Jordi Turull, quien defendió que el Govern “buscó una una salida política y pacífica al movimiento independentista”. Tras él, prestó declaración el exconseller de Acción Exterior Raül Romeva, quien también calificó de «política» la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), aprobada por el Parlament en 2017 y suspendida por el Tribunal Constitucional.

Antes que Turull y Romeva, el juicio arrancó la semana pasada con las declaraciones del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, que aprovechó para reiterar su compromiso con el derecho de autodeterminación y negar haber incurrido en alguna ilegalidad. «Nada de lo que hemos hecho es delito», dijo Junqueras, quien sólo contestó a las preguntas de su abogado.

El segundo en declarar fue Joaquim Forn, quien defendido a los Mossos d’Esquadra: “Nunca recibieron órdenes políticas”

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha informado al inicio de la sesión del calendario para las próximas semanas, ampliando la vista a cuatro días – de lunes a jueves – en vez de los tres previstos hasta ahora, empezando por el lunes 4 de marzo. Todo ello, «en función de cómo se vayan desarrollando las previsiones», ha explicado.

Bassa: «El referéndum no fue nunca un acto concluyente para la independencia»

Dolors Bassa, acusada de un delito de rebelión agravado por malversación y para quien la Fiscalía pide 16 años de prisión y la Abogacía del Estado 11 y medio, ha reconocido este miércoles que «el referéndum no fue nunca un acto concluyente para la independencia», sino que su finalidad era forzar una negociación con el Estado sustentada en el apoyo de la gente que fue a votar.

«Nunca la independencia se pretendió llevar después del referéndum, siempre se planteó como algo pactado» tras un proceso de acuerdo y negociación que, ha precisado, se llevaría a cabo «durante el tiempo que fuese necesario». «La prueba es que estamos aquí y no ha habido independencia», ha señalado.

Además, ha mantenido que la declaración de independencia aprobada en el Parlament el 27 de octubre fue «un acto político y pacífico» que ni se publicó ni se comunicó a organismos internacionales. De esta manera, en respuesta a su abogado, Bassa se ha sumado a las declaraciones del resto de procesados.

Sobre la suspensión de la ley del referéndum, Bassa ha dicho que el Govern de Carlos Puigdemont la acató y «no cumplió» con el programa de JxS, que preveía declarar la independencia de Cataluña en 18 meses. Ha asegurado que, desde que el Tribunal Constitucional suspendió la ley del referéndum, en septiembre de 2017, el Govern no «materializó ningún acto» para llevarlo adelante.

«Desistimos y dijimos que no podíamos materializar nada porque la ley había sido suspendida. A partir del día 7 no se puede materializar nada porque acatamos la decisión«, ha apuntado.

Bassa ha afirmado también que admite la «autoridad» del Tribunal Constitucional, pero ha explicado que, a su juicio, no era delito no atender a sus requerimientos, sino que lo que había era un conflicto de competencias.

Ha reconocido que recibió seis advertencias del Tribunal Constitucional en el proceso hacia el referéndum y la Declaración Unilateral de Independencia, pero nunca interpretó que desobedecer fuera delito. «Era un conflicto de intereses; nunca pensé que era un delito«, ha insistido.

Meritxell Borràs insiste en que la firma necesaria era la de Puigdemont

La exconsellera de Gobernación Mertixell Borràs, que se enfrenta a una pena de siete años de prisión, ha insistido en que las firmas de Carles Puigdemont, huido de la justicia, y la del consejero en la materia eran las únicas necesarias para sacar adelante el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Aunque no ha querido «quitar valor» a su participación en la convocatoria, ha señalado que su firma «no era necesaria» porque convocar un referéndum estaba fuera de sus funciones. Por tanto, asegura que firmó el decreto como un «gesto o símbolo» que demostraba que iba a «responder a esa voluntad y compromiso que tenía el Govern frente al mandato del Parlament».

Ha afirmado que firmaron todos para dar la «imagen de compromiso del conjunto del Gobierno con el referéndum», para el que no existía la voluntad de destinar dinero público, ha dicho.

Borràs, una de los tres acusados que está en libertad, ha manifestado que esos días se encontró en la «disyuntiva» de atender el «mandato» del Govern, con mayoría absoluta independentista, y la posibilidad de que la ley del referéndum pudiera ser suspendida. Ante ese escenario, le pareció que tenía que ser fiel al deseo mayoritario del Parlament, aunque sin menospreciar al Tribunal Constitucional, a quien no le ha querido «quitar valor» pese a que «en los últimos años se había politizado».

Además, Borràs, como otros de los acusados, ha dicho que la declaración de independencia fue «una declaración política sin consecuencias legales ni jurídicas» que «no obliga a nadie ni establece nada».

Carles Mundó asegura que no se empleó dinero público en el referéndum

El exconseller de Justicia Carles Mundó, que se enfrenta a una pena de siete años de cárcel por los delitos de malversación y desobediencia, también ha asegurado que el referéndum no se financió con dinero público. «Si supiera como se financió el referéndum se lo contaría», ha dicho en respuesta a las preguntas del fiscal Javier Zaragoza. «Lo que sí se es que no se sufragó con dinero público. Solo hay dos opciones, así que deberá ser con dinero privado, pero no se de quien.»

Además, ha asegurado que «no existe por parte del departamento de Justicia un gasto destinado al referéndum, así lo explica el escrito de defensa».

Mundó también ha alegado que «atendió» los requerimientos del Tribunal Constitucional para suspender el referéndum del 1 de octubre desde el 15 de septiembre de 2017, fecha en la que recibió la notificación. «Desde entonces no realicé ningún acto o disposición para incumplir esos requerimientos», ha afirmado.

En su declaración, Mundó se ha desvinculado de la organización del 1 de octubre, de las leyes del referéndum, de las movilizaciones del 20 de septiembre y de la declaración unilateral de independencia. En algunos momentos incluso se ha negado a contestar preguntas sobre estos asuntos, pues ha argumentado que no guardan relación con los delitos de los que está acusado.

Con la declaración del exconseller de Justicia ha finalizado la quinta sesión del juicio del procés, tres horas más tarde de lo previsto.