La investigación que la Fiscalía abrió a más de 70 alcaldes catalanes en vísperas del 1-O se ha acabado limitando a media docena de denuncias contra ediles que tuvieron una «participación activa» en la organización del referéndum, más allá de la mera «adhesión política».
Así lo ha explicado este jueves el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, en la comisión de Justicia del Parlament, donde ha expuesto la memoria de la institución de 2017, en una comparecencia en la que los grupos independentistas le han hecho diversos reproches por el papel del Ministerio Público contra el procés.
El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, davant la comissió de justícia del @parlamentcat on ha presentat la memòria de la fiscalia del 2017 i respon ara les intervencions dels grups i subgrups
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La investigación comenzó por una instrucción que, en vísperas del referéndum, dictó el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la que adjuntaba un listado de más de 700 alcaldes que, según la página web de la Asociación Municipios por la Independencia (AMI), habían firmado decretos para apoyar la votación.
Bañeres ha reconocido que las cerca de 70 diligencias que abrió la Fiscalía antes del referéndum «han quedado reducidas a poco más de seis o siete denuncias», en casos en los que se ha podido concretar «que la participación va más allá de la mera adhesión o el respaldo político» al 1-O.
Figuran entre los denunciados hasta ahora el alcalde de Agramunt (Lleida) y diputado de ERC en el Parlament, Bernat Solé, así como ediles de Collbató (Barcelona), Molins de Rei (Barcelona), La Bisbal d’Empordà (Girona) y Castelló d’Empúries (Girona).
El fiscal superior ha reconocido que la investigación sobre los alcaldes suscitó «problemas de discusión de cuál era el límite» del comportamiento delictivo y las diferencias entre «la mera adhesión ideológica a un proyecto político, totalmente lícita, o a actos materiales concretos o apreciables que pudieran dar lugar a cierta colaboración con relevancia jurídico penal».
Esa discusión, ha precisado Bañeres, inmiscuyó a las fiscalías provinciales, la Superior de Cataluña y se acabó trasladando también a la Fiscalía General del Estado, cuya dirección ha cambiado de manos desde el 1-O y, con el Gobierno socialista, pasó a ser liderada por María José Segarra.
Fruto de esas «discusiones», según Bañeres, se ha establecido que solo serán denunciados aquellos alcaldes que presenten indicios de «una participación activa con actos ejecutivos de colaboración» con el referéndum. «Y eso es lo que se ha hecho», ha zanjado.
La Junta Electoral ordena retirar el lazo amarillo del Parlament balear
La Junta Electoral provincial de Baleares ha requerido este jueves al grupo político MÉS; al alcalde del Ayuntamiento de Palma, Antoni Noguera, y al presidente del Parlament balear, Baltasar Picornell, que ordenen la retirada de los lazos amarillos en los edificios de ambas instituciones.
Según la Junta electoral, esos lazos situados en el Parlament y el Ayuntamiento «son signos que pueden ser legítimamente utilizados por estas formaciones políticas en su propaganda electoral pero no por los poderes públicos, ya que éstos deben mantener una rigurosa neutralidad política”, por lo que da 24 horas para su retirada, informa Efe.
El acuerdo de la Junta Electoral Provincial se basa en los tres acuerdos adoptados sobre esta cuestión por la Junta Electoral central. La orden de la Junta Electoral es en respuesta a una denuncia presentada este miércoles por Vox Baleares señalando que el mantenimiento de esos símbolos partidistas suponía contravenir el artículo 50.2 de la LOREG, ha informado el partido en un comunicado.
Por su parte, la Junta Electoral de Zona ha ordenado al Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), municipio del que fue alcalde el exvicepresidente catalán y líder de ERC Oriol Junqueras, que retire en un plazo máximo de 48 horas los lazos amarillos y esteladas que pueda haber en sus edificios públicos.
En la misma línea, la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha ordenado a la alcaldesa de esta localidad, Neus Lloveras, y a la de Canyelles, Rosa Huguet (ambas del PDeCAT), que retiren antes de 48 horas lazos, ‘estelades’ y símbolos partidistas que aún se exhiben en edificios municipales, después de otra denuncia de Ciudadanos.
La Junta Electoral de Zona de La Bisbal d’Empordà ha ordenado también siete ayuntamientos de la comarca gerundense del Baix Empordà que retiren «pancartas, lazos amarillos, esteladas y cualquier otro signo o símbolo que contenga mensajes partidistas que pueda haber en dependencias municipales».
