Atar en corto al político gracias a la tecnología 'blockchain'
La cadena de bloques introduciría tal nivel de transparencia que la corrupción en España quedaría acorralada
La tecnología 'blockchain' tiene mucha vida más allá de las criptodivisas. | Omar Marques (Zuma Press)
La tecnología blockchain se reserva todavía a usos ajenos a la política. Se recurre a ella en la esfera de las criptomonedas, las cadenas de suministro y los contratos inteligentes, aunque la gran virtud de esta herramienta, igual que sucede con la inteligencia artificial, es su carácter transversal.
España atraviesa un extraño momento democrático. Colocada por The Economist en el puesto 21 entre los países con sistemas políticos más avanzados, la nación vive agitada por una serie de escándalos de corrupción que afectan al partido en el Gobierno, la politización de jueces y fiscales, la aparición de extraños personajes en forma de comisionistas y fontaneras, el anuncio de una serie de reformas legales de inquietante calado, el apagón, los colapsos en la red ferroviaria, la rampante deuda de las empresas públicas y los usos y costumbres de un presidente sin presupuestos generales ni debates sobre el estado de la nación (el último y único con Pedro Sánchez data de 2022).
Regenerar la vida política depende en esencia de la voluntad de quienes la administran, pero la tecnología, de requerirse, está a su disposición y permitiría acorralar las peores prácticas. Lo primero que habilita el blockchain es la creación de un perfil público vinculado a cada mandatario. En él quedarían incluidos su nombre, cargos pasados y presentes, partido actual y partidos anteriores, patrimonio declarado, cuentas bancarias, empresas en propiedad o participadas, casos judiciales (si los hubiese), calidad de aforado o no, y familiares empleados en compañías u organismos estratégicos y/o públicos. Cada perfil se firma digitalmente y está sometido a las verificaciones sucesivas propias de esta tecnología.
Esa ficha exhaustiva se complementaría con un registro de actividades o transacciones donde constarían los votos emitidos en la cámara correspondiente, las reuniones mantenidas con empresas, organizaciones y lobbies, los contratos adjudicados y las subvenciones concedidas. Cada transacción incluiría datos cruciales: quién decide, a quién beneficia, cuándo se produce, qué cantidades entran en juego, qué temas se tratan oficialmente y cuáles son los documentos acreditativos.
Un radar implacable
Almacenadas en el sistema, las alertas ciudadanas y las auditorías sociales permitirían informar de irregularidades e incoar investigaciones bajo determinados requisitos. Aquí el amigo es el algoritmo, capaz de detectar cambios bruscos en el patrimonio, contratos sospechosos y enchufes. Además, se crearía una especie de Trustpilot de la política con puntuaciones de confianza ciudadana habilitadas sólo mediante firma digital, de modo que quien se pronuncia no se esconda tras un alias simplemente para enfangar.
Los paneles de cumplimiento ético redondearían este ecosistema verificando que el político cumple las normas de transparencia, que no existen sanciones del Tribunal de Cuentas a determinados partidos y que no ha habido intentos de presión a jueces o policías. Adicionalmente, la IA y los LLMs –adaptados a este uso– serían capaces de identificar y desenmarañar redes de influencias con amigos y familiares, pueden vaticinar el riesgo de corrupción e incluso evaluarían el cumplimiento de las leyes desde el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Los registros de blockchain son inmutables y transparentes, la información queda verificada y auditada, se supervisa cada movimiento político (cada concesión de ayudas, cada creación de puestos directivos, cada nombramiento de asesores), los contratos públicos se convierten en smart contracts y las denuncias se activan con luz y taquígrafos, sabiendo quién está detrás, cuál es el motivo y qué dicen los indicadores tecnológicos.